Capufe cancela licitación millonaria tras supuesta presión empresarial

La cancelación del concurso para arrendar vehículos de emergencia en la red carretera federal ocurrió después de que se conocieran las propuestas económicas. En el sector de contratación pública, la decisión abrió interrogantes sobre los criterios administrativos utilizados.

El procedimiento LA-09-JOU-009J0U001-N-15-2026 de Capufe, destinado al arrendamiento de vehículos de emergencia y auxilio vial para operar en la red carretera federal hasta 2028, fue cancelado abruptamente justo cuando el proceso de competencia arrojaba resultados claros y comenzaba a definirse.

Desde su lanzamiento el proceso fue cuestionado en diversos puntos; entre ellos los plazos del mismo y que los bienes requeridos en el servicio de arrendamiento tuvieran la característica de ser “usados”.

El contexto en el que ocurrió la cancelación plantea una pregunta incómoda, que hoy circula entre especialistas en contratación pública y actores relevantes del sector: ¿se canceló el proceso para reacomodar el tablero y favorecer a un proveedor en específico?

La licitación que buscaba ahorrar recursos públicos

El concurso tenía un objetivo específico: arrendar vehículos usados o seminuevos, con kilometraje previo, pero que fueran modelos recientes, en óptimas condiciones de uso, para operar en la red de carreteras federales hasta 2028.

Este modelo de contratación tenía una finalidad: reducir costos de arrendamiento mediante unidades no nuevas pero funcionales, lo que permitiría optimizar el gasto público en un servicio que requiere flotillas extensas y operación permanente.

El parque vehicular solicitado incluía: ambulancias de urgencias básicas, grúas, unidades de rescate, vehículos de auxilio vial y equipamiento fundamental para la atención de emergencias en autopistas federales.

Los números que detonaron la controversia

El 30 de marzo pasado, se presentaron las propuestas económicas. Las empresas participantes fueron: Integra Arrenda y Jet Van Car Rental. Ambas compitieron directamente en seis de las doce partidas.

La diferencia entre los montos fue contundente:

• Jet Van Car Rental: 361 millones de pesos

• Integra Arrenda: 428 millones de pesos

Una diferencia de 67 mdp que representaba un ahorro cercano al 16 % para el erario en favor de la propuesta más económica.

Sin embargo, el fallo nunca se emitió.

Al día siguiente de presentadas las propuestas económicas, CAPUFE canceló la licitación, invocando el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones; figura legal que permite suspender procedimientos antes del fallo bajo determinadas condiciones.

El tema central es que la cancelación ocurrió cuando las autoridades ya conocían las propuestas económicas.

Especialistas en adquisiciones públicas consultados por envozmx, coincidieron en que cuando un procedimiento se cancela después de la apertura económica, la exigencia natural del sector es que la autoridad elabore una motivación administrativa clara y completa para justificar su decisión. Sin embargo, esto no sucedió.

La participación del proveedor actual

Dentro de la discusión pública que ha surgido tras dicha cancelación, un elemento relevante es el papel de Jet Van Car Rental, empresa que actualmente presta los servicios de arrendamiento vehicular a Capufe. Y es que se ha especulado que la dependencia licitante solicitó vehículos usados o seminuevos, como parte de una estrategia para supuestamente dar continuidad y favorecer a dicho proveedor.

Sin embargo, con la cancelación del proceso se manda una señal distinta al espíritu original del procedimiento y se deja fuera la opción de priorizar la optimización del gasto público.

En ese sentido, la propuesta presentada por Jet Van Car Rental se ajustó a las condiciones técnicas establecidas por la propia dependencia, es decir, unidades con kilometraje previo conforme a lo solicitado en el procedimiento, bajo una lógica de disminuir costos.

Fuentes del sector resaltan además el hecho de que la relación contractual entre Capufe y su proveedor no ha estado exenta de mecanismos de supervisión y control. Ya que distintos contratos que han sostenido se han caracterizado por la aplicación de penalizaciones y deductivas contractuales por aspectos operativos o administrativos, lo que demuestra que el proveedor actual ha estado sujeto a los mismos mecanismos de vigilancia que cualquier contratista del sector público.

Especialistas consultados coinciden en que la participación en esta licitación se desarrollaba bajo un esquema formal de competencia, transparencia y equidad, donde cada empresa debía ajustarse a las mismas condiciones establecidas por la convocatoria.

El movimiento que cambió el rumbo del concurso

Fuentes cercanas al proceso afirmaron a envozmx que el punto que habría generado el conflicto fue la determinación y presión de Integra Arrenda de ofertar unidades nuevas.

Esto chocó directamente con el diseño del concurso, ya que la convocatoria buscaba vehículos usados o seminuevos para reducir el costo del arrendamiento, y ofrecer unidades nuevas implicaba inevitablemente para el licitante mayor costo de adquisición, mayor costo de arrendamiento y por ende ruptura del principio de economía presupuestal para la dependencia. Algo que desvirtuaba el objeto mismo de la licitación que fue cancelada.

Las presiones que comenzaron a circular

Tras conocerse las propuestas económicas, versiones dentro del propio organismo descentralizado apuntan a que las gestiones y presiones de Integra Arrenda comenzaron en la estructura administrativa de CAPUFE. Y que éstas se habrían intensificado particularmente en áreas vinculadas con la administración financiera.

En ese contexto, el nombre que aparece en conversaciones internas es el de Ángel Calderón Cruz, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, designado al inicio de la gestión del director general Carlos Arceo Castañeda.

De acuerdo a funcionarios cercanos al procedimiento, después de conocer las propuestas económicas, Calderón Cruz habría girado “instrucciones precisas” para su cancelación con un efecto práctico inmediato: reacomodar el proceso, dar tiempo para replantear el procedimiento y permitir que el proveedor que ofertó unidades nuevas cuente con tiempo suficiente para preparar las unidades que pretendía entregar, tras su oferta fallida por ser la más elevada, en un ulterior procedimiento preparado con las “nuevas condiciones”.

Un historial que pesa

El caso adquiere mayor relevancia si se observa el historial de la empresa en el centro de la controversia. Integra Arrenda, filial del conglomerado automotriz Grupo Andrade, ha sido objeto de diversos cuestionamientos en investigaciones periodísticas sobre contratación pública.

Entre los señalamientos documentados se encuentran:

- Sobreprecios en contratos de patrullas y flotillas gubernamentales en diversas dependencias federales.

- Supuestos favoritismos en adjudicaciones públicas como en el caso de la CDMX.

- Presuntos esquemas de ventaja vinculados con tenencias y verificaciones de miles de unidades.

- Acusaciones de favoritismo en licitaciones públicas por control de medios de información.

Diversas investigaciones han señalado que el grupo ha acumulado contratos por decenas de miles de millones de pesos con gobiernos federales y locales, convirtiéndose en uno de los actores más relevantes del mercado de arrendamiento vehicular público federal, estatal y municipal.

Si bien la empresa ha rechazado estas acusaciones y sostiene que sus contratos se celebran conforme a la ley, dentro del sector de arrendamiento vehicular persiste una percepción: Integra Arrenda ha desarrollado una capacidad notable para influir en procesos de contratación pública.

El principio constitucional en juego

Fuentes cercanas al procedimiento de Capufe advierten que lo ocurrido en este caso podría entrar en tensión con el artículo 134 de la Constitución mexicana, que obliga a las autoridades a administrar los recursos públicos bajo principios de: eficiencia, economía, transparencia e imparcialidad.

Cuando un proceso se cancela después de conocer las propuestas económicas, especialmente cuando una de ellas representa un ahorro significativo para el Estado, la decisión inevitablemente despierta cuestionamientos de contravención a estos principios.

La incógnita que queda

La cancelación ocurre en los primeros meses de la administración de Carlos Arceo Castañeda como director general de Capufe.

El arranque de una nueva gestión suele ser el momento ideal para revisar prácticas de contratación y transparentar procesos. Sin embargo, este episodio parece haber producido el efecto contrario y genera más preguntas que respuestas. Entre ellas las siguientes:

¿Por qué se canceló el procedimiento justo después de conocer las ofertas económicas?

¿Por qué descartar una propuesta que implicaba un ahorro importante para el erario?

¿En efecto, existieron presiones empresariales para modificar el rumbo del concurso?

Oficialmente, la cancelación se justificó como una medida para garantizar certeza jurídica y evitar posibles riesgos operativos. Sin embargo, dentro del sector la interpretación que circula es otra: la licitación no se canceló por razones técnicas, se canceló porque el resultado no favorecía a quien esperaba ganar.