Caso Loret: proteger a la prensa frente a la intimidación política

Las amenazas contra el periodista Carlos Loret de Mola por parte del excandidato a la gubernatura de Guerrero Pedro Segura son un recordatorio alarmante de que la libertad de expresión y la seguridad de la prensa no pueden darse por sentadas en México. El periodista difundió un video en el que se ve al político en un evento privado pidiendo al grupo musical Alegres del Barranco que tocaran un corrido en honor a El Mencho. Posteriormente, en un video en sus redes sociales, Segura hace amenazas contra la integridad física de Loret, además de insultos, agravios y expresiones violentas.

La gravedad no está solo en las palabras, sino en el contexto. Los periodistas en México ya operan en un entorno de riesgo permanente. Organizaciones como Artículo 19 han destacado que las amenazas, el discurso de odio y la violencia retórica contra periodistas contribuyen a un clima que normaliza agresiones contra la prensa. En este caso, Artículo 19 ha pedido que las autoridades investiguen, sancionen y tomen medidas de protección, no solo por la integridad de Loret de Mola, sino por lo que representa para el ejercicio periodístico en el país.

Las reacciones políticas también son significativas. Tanto el Partido Verde Ecologista de México como el Partido del Trabajo, que lo hicieron su candidato a gobernador en 2021, se han deslindado públicamente de Segura, para marcar distancia con las amenazas expuestas. Aunque el deslinde es necesario, no sustituye la obligación del Estado de actuar con rigor cuando se trata de discursos que ponen en riesgo a una persona y a la libertad de expresión en general.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las amenazas no solo atentan contra la integridad física y emocional de quien las recibe, sino contra la función social del periodismo: informar, cuestionar y vigilar al poder sin temor a represalias violentas. Que un político recurra a la agresión verbal para descalificar a un periodista es una señal de alerta sobre el debilitamiento de las normas democráticas y del respeto básico a la libertad de pensamiento.

Las autoridades están obligadas a actuar con prontitud en este caso, lo cual implica investigar a fondo a Pedro Segura, sancionar cualquier conducta que constituya delito y evaluar si Carlos Loret de Mola requiere medidas de protección para garantizar su seguridad.