Caso Rocha Moya: ¿Donald Trump es el verdadero contrapeso de la 4T?

La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya no es un episodio más en la política mexicana. En México no es común que un gobernador pida licencia porque está bajo investigación por su presunta participación en delitos. Menos común es, e incluso inédito, que se separe del cargo porque lo requieren autoridades estadounidenses.

Durante años, distintas acusaciones han rodeado a figuras clave del oficialismo sin consecuencias legales. Señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado han alcanzado a gobernadores como Américo Villarreal y Alfonso Durazo, de Tamaulipas y Sonora, respectivamente. Acusaciones sustentadas de abuso sexual han pesado sobre Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio, el primero exgobernador de Morelos y el segundo senador. Ninguno de estos casos ha derivado en procesos judiciales concluyentes. Según declaraciones de las víctimas —múltiples en el caso de Salgado—, las influencias de ambos han detenido los procesos.

Lo mismo ocurre con escándalos de corrupción de gran escala. El caso Segalmex, con desvíos que superan los 15 mil millones de pesos, no ha llevado a sanciones de alto nivel. Ignacio Ovalle, quien encabezaba la institución cuando se operó el desfalco, permanece sin consecuencias penales. Incluso episodios ampliamente documentados, como los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero, no han tenido efectos jurídicos.

Lo mismo sucede con Layda Sansores, gobernadora de Campeche, que impunemente persigue judicialmente medios de comunicación, periodistas y rectores en su estado.

En paralelo, se han debilitado los contrapesos internos. El Poder Judicial, los órganos autónomos y el equilibrio legislativo han perdido capacidad de contener al Ejecutivo y a su partido. En contraste, la renuncia de Rocha muestra la capacidad de Estados Unidos para llevar a la justicia a presuntos criminales de la 4T.

Que el único límite contundente al poder provenga del exterior no es motivo de tranquilidad. Todo lo contrario. El gobierno de México ha insistido en la defensa de la soberanía en los últimos años. Garantizar la separación de poderes y el imperio de la ley es una manera de hacerlo.