Congelar cuentas arbitrariamente: otro golpe a la certeza jurídica

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre un nuevo capítulo en el equilibrio entre seguridad y derechos. El máximo tribunal avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa, siempre que existan indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

La Corte sostuvo que se trata de una medida “preventiva” y administrativa, no de una sanción penal. Bajo esa lógica, no se requiere autorización judicial previa para un bloqueo, aunque se contempla que las personas afectadas puedan defenderse mediante audiencias.

El fallo pretende responder a la necesidad de actuar con rapidez ante operaciones sospechosas, pues congelar recursos puede evitar que el dinero ilícito se disperse y fortalezca redes criminales.

Sin embargo, el problema no está en el objetivo, sino en el método. Permitir que una autoridad administrativa limite el acceso al patrimonio sin control judicial previo introduce tensiones significativas en la certeza jurídica. Esta decisión atenta directamente contra la seguridad jurídica, recogida principalmente en los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan la integridad personal de un individuo y sus bienes, que no pueden (o no deberían) ser afectados sin una orden judicial. Además, se dañan también los derechos a la propiedad, al debido proceso y la presunción de inocencia.

Otro agravante del fallo es que no se contempla un límite claro sobre el tiempo que una cuenta puede permanecer bloqueada, lo cual puede privar a una persona de sus recursos por largos periodos, con impactos económicos y reputacionales difíciles de revertir.

Hubo incluso voces disidentes dentro de la propia Corte en este asunto mediante los votos de la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero.

Un Estado eficaz no debería sacrificar garantías básicas para combatir el delito. Si el combate al lavado de dinero requiere rapidez, también necesita controles sólidos. De lo contrario, la certeza jurídica en el país se ve comprometida y, con ella, el respeto a los derechos fundamentales.