Controlar la inflación desde la gasolina: ¿solución o paliativo?

El acuerdo alcanzado el 22 de abril entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y empresarios gasolineros para fijar un tope de 28 pesos por litro al diésel —y mantener sin cambios la gasolina Magna— forma parte de una estrategia para contener la inflación desde uno de sus componentes más sensibles. El diésel es clave porque impacta directamente en el transporte de mercancías y, por lo tanto, en el precio final de los productos.

En un contexto de presiones globales —particularmente por el encarecimiento de los energéticos por la guerra en Irán— evitar que el costo del combustible se dispare ayuda a frenar efectos en cadena sobre los alimentos, la logística y el consumo. De hecho, el propio gobierno ha reforzado esta estrategia con estímulos fiscales al impuesto a las gasolinas y acuerdos voluntarios con el sector.

Sin embargo, el alcance de la medida es limitado. Este tipo de acuerdos no modifica las causas de fondo de la inflación, sino que actúa sobre sus síntomas. Además, enfrenta restricciones prácticas, pues los costos de distribución, operación y logística dificultan que las gasolineras mantengan los precios artificialmente bajos sin afectar su rentabilidad.

En el corto plazo, la estrategia puede ser útil para contener presiones inflacionarias. Pero en el mediano plazo, se requieren políticas estructurales que contengan la inflación en la economía en general. En el caso de las gasolinas, también se requiere de estrategias específicas que ayuden a disminuir los precios, como mayor productividad, fomento a la competencia y la eficiencia energética. 

Controlar precios puede ser útil como una herramienta de emergencia, pero no una solución. Y su eficacia dependerá de cuánto tiempo pueda sostenerse sin generar distorsiones en la economía.