Derrumbe en San Antonio Abad: otra advertencia ignorada

El derrumbe de un edificio en demolición en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, volvió a mostrar una realidad incómoda: muchos de los desastres urbanos que ocurren en la capital no son inevitables, sino prevenibles.

El inmueble, que presentaba daños acumulados desde los sismos de 1985 y 2017, colapsó mientras se hacían trabajos de demolición. Tres losas del edificio se vinieron abajo de forma no controlada y dejaron a varios trabajadores atrapados entre los escombros. El saldo fue tres trabajadores muertos y otro trasladado al hospital con lesiones graves.

Tras el incidente, más de 200 elementos de protección civil, bomberos y fuerzas federales participaron en las labores de rescate, mientras autoridades capitalinas acudieron al lugar y la Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Sin embargo, más allá del operativo de emergencia, la pregunta inevitable es otra: ¿por qué volvió a ocurrir?

En trabajos de demolición en zonas urbanas existen protocolos claros de protección civil y seguridad estructural. Entre ellos se encuentran la elaboración de estudios técnicos previos, un programa de demolición autorizado por las autoridades, supervisión constante de ingenieros responsables, evaluación de inmuebles colindantes, delimitación de zonas de riesgo y medidas de evacuación y protección para trabajadores y vecinos.

Cuando estos controles fallan o se aplican de manera deficiente, la probabilidad de que un accidente más termine en tragedia se dispara.

La capital ya ha tenido señales de advertencia recientes. En enero de este año, una explosión por acumulación de gas en la zona de Taxqueña dejó víctimas y daños importantes. Hace menos de un año, la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa provocó decenas de muertos y heridos.

Estos episodios muestran que la gestión de riesgos en una ciudad tan densa y compleja como la Ciudad de México no puede basarse en aparatosos operativos de respuesta en cada emergencia.

Lo que se necesita es una política seria, preventiva e intersecretarial de protección civil, que integre urbanismo, seguridad laboral, regulación de obras y supervisión permanente.