Desaparecer al Coneval, apagar un faro

Esta semana, el Congreso mexicano está echando los últimos puñados de tierra sobre la tumba del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En 2024, la desaparición de la institución fue mandatada mediante reforma constitucional junto con la de otros órganos autónomos. El pleno de la Cámara de Diputados y las comisiones correspondientes en la Cámara de Senadores están ultimando en estos días la erradicación del instituto, cuyas funciones, según dicen, serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El Coneval fue creado en 2004 para medir la pobreza de forma técnica e independiente, y para evaluar si los programas sociales estaban funcionando. Gracias a su trabajo, México pudo tener cifras claras, confiables y comparables sobre la pobreza en todas sus dimensiones: ingresos, salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación.

Esta pérdida institucional deja al Estado con capacidades técnicas mermadas para evaluar la política social, que incluye entre sus prioridades la reducción de la pobreza, supuesto objetivo fundamental del movimiento político en el poder. Sin datos confiables, no se pueden diseñar buenas políticas públicas. No se puede saber qué programas ayudan realmente a reducir la pobreza y cuáles solo gastan recursos sin resultados. Tampoco se puede exigir rendición de cuentas. En un país como México, donde más de un tercio de la población vive en pobreza, según datos del propio Coneval, esto es especialmente grave. 

La lucha contra la pobreza no puede hacerse a ciegas. Requiere datos, transparencia y trabajo especializado y eso es lo que proporcionaba el Coneval. Los esfuerzos que se hagan en la lucha contra la pobreza se harán sobre un horizonte menos claro, porque el faro principal que iluminaba el camino ha sido apagado.