Desapariciones forzadas: negar el problema no lo desaparece

El reciente posicionamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU vuelve a colocar a México frente a una de sus heridas más profundas. El organismo señaló que la desaparición de personas en el país podría constituir un crimen de lesa humanidad y pidió al Estado aceptar mayor escrutinio y colaboración internacional. La reacción del gobierno mexicano fue contundente. Rechazó el informe, acusó al Comité de exceder su mandato y negó que exista una política de desaparición sistemática.

El Comité no afirma que el Estado mexicano desaparezca personas de forma directa, sino que advierte sobre la gravedad, extensión e impunidad del fenómeno. México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, una cifra que por sí sola refleja la gravedad de la situación.

En casos de violaciones graves a derechos humanos, la cooperación no tendría por qué verse como una intromisión, sino como una herramienta para hacer frente a este grave desafío. Negarse a mecanismos externos limita la posibilidad de acceder a experiencia técnica, estándares internacionales y acompañamiento en la búsqueda de justicia.

El argumento de que el Comité “excede su mandato” puede ser políticamente útil, pero no ayuda a enfrentar el problema de las miles de desapariciones que se siguen registrando cada año y da respuestas a quienes buscan a sus seres queridos. Por el contrario, este rechazo al diagnóstico del Comité de la ONU aleja más al Estado del objetivo de frenar las desapariciones y garantizar verdad a las familias.

La crisis va mucho más allá de evaluar al gobierno actual o a los anteriores. Durante décadas, el Estado mexicano ha demostrado su incapacidad para poner fin a las desapariciones. Aceptar la observación y el acompañamiento de la comunidad internacional es uno de los pasos urgentes que México debe dar para encontrar soluciones a uno de sus desafíos más apremiantes.