Ebrard y González-Blanco: posibles delitos por uso de residencia en Londres

El caso del hijo de Marcelo Ebrard en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres no puede zanjarse con las escasas explicaciones del hoy secretario de Economía. El caso tiene que —o debería— investigarse para que se deslinden las responsabilidades administrativas e incluso penales correspondientes.

Marcelo Patrick Ebrard, hijo del entonces canciller, vivió durante varios meses —entre 2021 y 2022— en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres, un espacio destinado a ser habitado por la persona titular de la embajada y a funciones diplomáticas. Durante su estancia, el joven no sólo ocupó una habitación en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sino que fue atendido por personal de la embajada: mayordomo, cocinera y equipo de limpieza.

El actual secretario de Economía declaró “No veo en ello ningún abuso de mi parte, no usamos ningún recurso indebidamente”. Contrario a este punto de vista, sí incurrió en numerosas faltas, junto con Josefa González-Blanco y el resto de funcionarios que hayan aprobado esta decisión.

Más allá de los instrumentos normativos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, que también tendrán que revisarse, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben abstenerse de utilizar recursos públicos —humanos, materiales o financieros— para fines distintos a los institucionales. En este caso, permitir que un particular habite una residencia oficial y sea atendido por personal público constituye, en términos claros, un uso indebido de recursos.

Además, el caso apunta a un posible abuso de funciones. La entonces embajadora, Josefa González-Blanco, dependía jerárquicamente del canciller. Autorizar la estancia de su hijo en la residencia abre la puerta a un conflicto de interés y a la utilización del cargo para obtener un beneficio privado para un tercero.

También podría haber responsabilidades según el Código Penal. Primero, por peculado, pues según el artículo 223 comete este delito el servidor público que, para su beneficio o el de un tercero, utilice dinero público, fincas o valores o bienes propiedad del Estado que tenga bajo su custodia. Segundo, por uso ilícito de atribuciones y facultades, en este caso por conferir el uso de bienes públicos a un particular.

Los bienes públicos son eso, públicos, no recursos a disposición del goce y disfrute de los altos funcionarios a quienes se les confía su administración. ¿Habrá consecuencias o será otra de las piedras al costal de impunidad que está acumulando la 4T?