¿El nuevo poder judicial condena a México al autoritarismo?

México llevó a cabo unas elecciones que no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Tras la reforma judicial de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a los ciudadanos a elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces de distrito. Este año se eligió a la mitad de dichos cargos y el resto será votado en 2027, aunque en algunos órganos, como la Suprema Corte, los cargos de juzgadores serán renovados en su totalidad. 

Mucho se discutieron los riesgos de esta reforma, como el potencial sometimiento de las personas juzgadoras al poder político. El augurio es bastante malo, considerando que prácticamente todos y todas quienes estuvieron en “el acordeón” elaborado por Morena para sugerir a la ciudadanía por quién votar finalmente acabaron ganando las elecciones. 

En el caso de la Suprema Corte de Justicia, los y las nueve futuros ministros y ministras estaban incluidos en el acordeón. No sólo eso, sino que todos y todas tienen vínculos más o menos cercanos con Morena y la coalición gobernante, empezando por el futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien se desempeñó como coordinador general de Derechos Indígenas en los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum. Están también los casos de María Estela Ríos, exconsejera jurídica de López Obrador o Irving Espinosa, que ha acompañado en distintos cargos a la hoy Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Ernestina Godoy, por mencionar algunos casos.

La separación de poderes es una de las condiciones necesarias para la democracia y poner límites a los poderosos. Con todos los problemas que han caracterizado al poder judicial, en las últimas décadas había mostrado su capacidad para contener los excesos de otros poderes, incluyendo presidentes de la república de distintos partidos. Hoy ese límite al poder está severamente comprometido y aún no sabemos si se ha esfumado por completo. 

México no se ha convertido de la noche a la mañana en un sistema autoritario después de la jornada electoral para elegir a los integrantes del poder judicial, pero sí se marcó un antes y un después en la calidad de la democracia. Aún es incierto exactamente cómo operará el poder judicial, si en algo beneficiará a la ciudadanía y las consecuencias que tenga para el goce de derechos y libertades. Lo que parece claro es que el poder judicial tiene buenas razones para ser complaciente con el poder ejecutivo y el partido en el gobierno. Al eliminar a uno de los contrapesos ante posibles abusos, se apretó más la tuerca de la concentración de poder en un movimiento político.