El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: prueba de fuego

Ayer, la presidenta Sheinbaum presentó los detalles del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, acompañada de buena parte de su gabinete. Su objetivo es contener la violencia que asola al estado y entre sus principales componentes están el despliegue de más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas; apoyos para alrededor de 10 mil productores agrícolas y la ampliación de programas sociales, con especial atención al dirigido a las juventudes, Jóvenes Construyendo el Futuro.

La presidenta está demostrando una rápida respuesta ante los reclamos sociales para tomar acciones tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Hay, sin embargo, razones para la cautela. Planes similares en el pasado han llevado a resultados limitados. Además, el plan no contempla acciones para blindar a la fiscalía local contra la infiltración del crimen y profesionalizar a sus trabajadores. Sin una fiscalía capaz de investigar y perseguir crímenes con capacidades técnicas, libre de corrupción y respetuosa de los derechos humanos, poco podrá resolverse.

El plan que se anunció tampoco incluye una estrategia para contener la dispersión de los grupos criminales hacia otros estados en caso de que la presencia de las fuerzas armadas inhiba sus actividades en Michoacán. En esta dispersión conocida como "efecto cucaracha", podrían desplazar sus operaciones hacia otras áreas del país, especialmente a los otros estados de la región de Tierra Caliente, Estado de México y Guerrero.

Michoacán será, una vez más, el laboratorio para probar estrategias de seguridad. En esta ocasión, hizo falta una sonora movilización social que ha atraído el foco nacional e internacional hacia este estado. Habrá que estar atentos a la implementación del plan y las oportunidades que se aprovechen para enriquecerlo.