El retroceso en el derecho a la salud

El INEGI publicó datos en su Sistema de Información de Derechos Sociales que obligan a una revisión profunda de la política de salud. En 2016, 84.4% de la población no presentaba carencia por acceso a servicios de salud. Para 2024, la cifra cayó a 65.8%. Es una reducción de 18.6 puntos porcentuales en menos de una década.

El cambio institucional está detrás del problema. En 2020 se eliminó el Seguro Popular, que durante años brindó cobertura a personas sin seguridad social, y fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El objetivo era centralizar compras y garantizar atención gratuita. Sin embargo, el modelo enfrentó problemas de operación, coordinación con los estados y abasto de medicamentos. En 2023, el INSABI desapareció y sus funciones pasaron al IMSS-Bienestar, que hoy atiende a la población sin seguridad social.

Más allá de las siglas, el acceso efectivo a los servicios de salud retrocedió. Las diferencias regionales confirman los enormes retos del país en la materia. Mientras Nuevo León y Baja California Sur superan 80% de población sin carencia, Chiapas apenas alcanza 36.7% y Puebla 52.7%. La desigualdad territorial es evidente.

En acceso geográfico a hospitales de emergencia, 93.3% de la población reporta que cuenta con un hospital a menos de dos horas de su casa, cifra similar a 2016. Pero en el sur las brechas persisten: Oaxaca registra 75.2%, y Chiapas y Guerrero se ubican entre 81% y 86%.

Garantizar derechos va mucho más allá de los caprichos, los cambios de siglas y la soberbia de barrer con todo suponiendo que una nueva idea improvisada será capaz de satisfacer las necesidades de millones de personas. La federación es responsable de reparar el daño institucional hecho, canalizar financiamiento suficiente, coordinarse con los estados y atender las desigualdades regionales.