El silencio presidencial ante la violencia

La violencia en México es un fenómeno cotidiano y que se expresa de múltiples formas. Uno de los episodios más visibles de los últimos días ocurrió el pasado 13 de febrero, cuando la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y parte de su equipo fueron agredidos físicamente durante un operativo de reordenamiento del comercio en la zona de San Cosme. Videos difundidos en redes y reportes oficiales muestran empujones y golpes, y la alcaldesa misma presentó contusiones en el pómulo derecho, espalda, hombro y brazos tras el ataque. También se reportaron múltiples servidores públicos lesionados.

A pesar de la gravedad de los hechos y de que la propia Rojo de la Vega presentó denuncias ante la Fiscalía, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido sorprendentemente ambigua. En su conferencia mañanera, Sheinbaum optó por minimizar el episodio, calificándolo como un llamado a evitar el “show” informativo y a favorecer el diálogo para ordenar el comercio ambulante. Hizo explícito que “no quiere opinar de ella”.

La falta de un pronunciamiento claro en contra de las agresiones físicas a una funcionaria pública y a su equipo es desconcertante. En estas circunstancias, el fondo del asunto no es la diferencia de puntos de vista sobre decisiones políticas o administrativas. Lo que se echa en falta es que desde la presidencia de la República no se establezca con claridad que la violencia física no puede normalizarse ni quedar sin condena pública firme.

Como titular del Ejecutivo federal, Sheinbaum representa a todas las mexicanas y todos los mexicanos, independientemente de sus afinidades políticas. Sería natural esperar que, ante hechos de violencia de este tipo, la presidenta reafirme de forma contundente su rechazo a cualquier agresión física.

La violencia no puede condenarse selectivamente según las afinidades que se tenga con la víctima, especialmente desde la principal tribuna del país.