Entre el choque y el consenso: la CIDH y la ONU ante las desapariciones en México

El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México confirma lo que las familias llevan años denunciando: el país enfrenta una grave crisis humanitaria. La CIDH documentó más de 130 mil personas desaparecidas y alrededor de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado. También emitió 40 recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano para fortalecer búsquedas, investigaciones y atención a víctimas.

Pero lo más interesante del informe no es sólo su contenido, sino el contraste con la estrategia seguida recientemente por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Ambos organismos internacionales analizaron el mismo problema, aunque desde enfoques distintos y con estrategias institucionales diferentes.

El Comité de la ONU puso el énfasis en la desaparición forzada, una figura que implica responsabilidad directa o consentimiento del Estado. Esa postura generó un choque frontal con el gobierno mexicano, abrió una intensa discusión pública y obligó a hablar de la responsabilidad institucional en esta tragedia.

La CIDH eligió otro camino. Su informe se concentra en la desaparición como fenómeno generalizado, subraya el peso del crimen organizado y reconoce avances normativos e institucionales realizados por el Estado mexicano desde 2018. Aunque también advierte sobre impunidad, complicidad de autoridades locales y deficiencias graves, el tono fue más conciliador y de cooperación.

Ambas estrategias tienen ventajas y riesgos. La confrontación de la ONU visibilizó el problema y colocó presión política sobre el Estado mexicano. Pero también generó resistencia oficial. La alternativa de la CIDH podría facilitar colaboración y aplicación de recomendaciones gracias a una mejor relación con el gobierno.

Aunque el riesgo de una posición extremadamente conciliadora es tener un impacto público limitado y que las recomendaciones terminen archivadas, sin ningún tipo de reacción por parte del organismo que las emite. ¿Qué papel pueden desempeñar los organismos internacionales en la búsqueda de soluciones a este grave desafío en México?