¿Estados Unidos alista acciones militares en México?

Un cambio de paradigma en la seguridad regional se cierne sobre América Latina, con México en el punto de mira. El pasado 8 de agosto, una orden secreta firmada por el expresidente Donald Trump, filtrada por el New York Times y el Wall Street Journal, autoriza al Pentágono acciones militares fuera de territorio estadounidense. Esto surge en un contexto donde grupos criminales, incluidos los mexicanos, han sido designados como terroristas.

La designación, establecida en una orden ejecutiva de 2017, permite congelar activos, pero no autoriza la acción militar directa. Sin embargo, la reciente información apunta a una escalada. Las "operaciones militares" bajo consideración incluyen ataques con drones a laboratorios o sitios específicos, una estrategia ya vista en Yemen. Esto, según el Dr. José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte, violaría el espacio aéreo nacional y constituiría una invasión. Además, no se descarta la intervención directa de tropas para aniquilar o secuestrar personas en suelo extranjero.

La Constitución mexicana es clara: no prevé el establecimiento permanente de tropas foráneas. Aunque la Presidenta Sheinbaum ha reafirmado una negativa categórica a estas acciones, la única vía legal sería declarar un estado de excepción. Esta medida extraordinaria, utilizada solo una vez en la historia moderna de México (1942), requeriría aprobación del Gabinete y el Congreso, un escenario "extraordinariamente difícil".  Las herramientas jurídicas para México son escasas y tardías en foros internacionales como la OEA o la Corte Internacional de Justicia.

La invasión moderna no sería una ocupación territorial tradicional, sino una con drones, unidades especiales y captura de información. La atención de EE. UU. parece enfocarse en Venezuela, con la acusación directa a Nicolás Maduro y la oferta de una recompensa por su captura, un paralelismo con el caso de Manuel Antonio Noriega. La situación se agrava con una reciente decisión de la Suprema Corte de EE. UU. que exime al presidente de responsabilidad por sus actos oficiales. México se halla en una posición comprometida, enfrentando presiones que podrían influir en negociaciones futuras como la revisión del TMEC.