Fiscalizar el gasto estatal, saltarse la declaración de dólares

La diputada local de Baja California, Alejandra María Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal, fue retenida por autoridades de Estados Unidos el 5 de enero en la garita de Calexico al intentar cruzar la frontera con una cantidad de efectivo que excedía el umbral legal de 10 000 dólares sin declararlo ante los agentes aduaneros, aproximadamente 800 mil pesos, según fuentes extraoficiales. 

Durante la revisión, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron el dinero distribuido en dos compartimentos de la camioneta en la que viajaba la legisladora. Fue retenida durante varias horas mientras se llevaba a cabo el procedimiento correspondiente y, tras atender el proceso, fue liberada y regresó a Mexicali, aunque el monto permanece bajo revisión y se le dio un plazo para acreditar su origen lícito. 

Ang Hernández aseguró que se trató de un “error” por no haber dejado el efectivo en su casa y dijo que los recursos provienen de ahorros personales y de la venta de un vehículo que tenían pensado destinar a la compra de otro. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que la legisladora dé explicaciones y que, de existir un delito, sea investigado, ya sea por la Fiscalía General de la República o por la fiscalía correspondiente, enfatizando que los servidores públicos deben actuar con honestidad.

Más allá de declaraciones, surgen preguntas que Morena y el Congreso de Baja California deberán responder: ¿qué procedimientos internos seguirán para aclarar el caso? ¿Habrá una revisión pública y transparente del origen y manejo de los recursos? 

Resulta especialmente irónico y preocupante que la protagonista de este episodio sea, justamente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, el órgano encargado de vigilar el uso correcto de los recursos públicos y de exigir cuentas claras a otros funcionarios e instituciones. El caso erosiona la credibilidad institucional de la comisión y refuerza la necesidad de que la propia diputada sea la primera en someterse a un escrutinio riguroso, transparente y sin privilegios, como ella misma debería exigir a otros.