Fracking: pragmatismo energético con costos medioambientales y sociales

El reciente giro del gobierno de Claudia Sheinbaum hacia el uso del fracking para la extracción de gas natural marca un cambio relevante en la política energética del país. La presidenta ha defendido esta decisión bajo el argumento de fortalecer la soberanía energética y reducir la alta dependencia de importaciones, que hoy cubren cerca del 75% del consumo nacional de gas.

A pesar de que aún en su campaña presidencial declaró claramente que se oponía al fracking, hoy es una apuesta del gobierno federal. La propuesta plantea aprovechar yacimientos no convencionales mediante nuevas tecnologías que, según se informó, tendrían un menor impacto ambiental que el fracking tradicional. También contempla la participación de Pemex en esquemas mixtos y el desarrollo de un plan técnico que permita iniciar la explotación en los próximos años.

En términos de beneficios, incrementar la producción de gas podría reducir la vulnerabilidad energética del país, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense. Además, el desarrollo de esta industria podría detonar inversión y empleo en regiones con potencial energético.

Sin embargo, el fracking implica riesgos ambientales significativos que no pueden ignorarse. Si bien las nuevas tecnologías hacen que esta técnica sea menos nociva para el medio ambiente y las personas, el daño persiste. Organizaciones como Greenpeace han advertido que esta técnica requiere un consumo masivo de agua y puede provocar contaminación irreversible de fuentes hídricas subterráneas y superficiales, además de generar residuos tóxicos difíciles de manejar. También se asocia con la liberación de gases de efecto invernadero como el metano, lo que contribuye al cambio climático y agrava la crisis ambiental. 

Estos impactos no solo afectan a los ecosistemas, sino también a la salud de las comunidades, lo que convierte al fracking en una apuesta con costos ambientales y sociales de largo plazo.

El fracking puede ser una herramienta útil, pero no es una solución simple. Apostar por él implica asumir costos ambientales, financieros y políticos que tendrán que ser gestionados por el gobierno.