Hacia una ley general contra el feminicidio: el reto más allá del papel

La reciente declaratoria de constitucionalidad de la reforma que permitirá expedir una Ley General en materia de feminicidio representa un paso relevante en la respuesta del Estado mexicano frente a la violencia de género. La reforma, impulsada desde el Ejecutivo y avalada por el Congreso federal y la mayoría de los congresos estatales, abre la puerta para crear un marco jurídico nacional que homologue criterios, procedimientos y sanciones en todo el país.

El objetivo es establecer reglas comunes para investigar, sancionar y prevenir el feminicidio, la forma más extrema de violencia de género. Hoy, aunque el delito ya está tipificado, existen diferencias importantes entre estados en su definición y en la manera en que se investiga. La nueva ley buscará cerrar esas brechas y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia en condiciones más equitativas.

La declaratoria es apenas el inicio. Aún falta la elaboración, discusión y aprobación de la ley secundaria que dará contenido concreto a esta reforma, pues el Congreso deberá elaborar y aprobar la ley en un plazo de hasta 180 días.

El valor de este avance es indiscutible, ya que contar con un marco jurídico sólido es indispensable para enfrentar el feminicidio. Sin embargo, los avances normativos no se traducen automáticamente en mejores resultados.

Para enfrentar el feminicidio se requieren, además, políticas de prevención sostenidas, atención oportuna a mujeres en riesgo y capacidades institucionales sólidas. Esto implica apoyo oportuno a potenciales víctimas, fiscalías que investiguen con profesionalismo y perspectiva de género, policías capacitadas y un Poder Judicial que actúe con sensibilidad y rigor técnico. Sin estos elementos, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.

La declaratoria es una señal positiva, pero el desafío real será convertirla en una herramienta efectiva para proteger vidas.