Impuestos “saludables” al tabaco y alcohol: ¿por qué no van al sistema de salud?

La recaudación de impuestos por el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas en México alcanzó niveles históricos. Después de los incrementos a estos productos en los últimos años, el gobierno federal obtuvo en 2025 49 mil 522.1 millones de pesos por concepto de tabaco y 25 mil 968.2 millones de pesos por bebidas alcohólicas.

La justificación oficial para los incrementos en estos impuestos ha sido la salud de la población: encarecer cigarros y bebidas alcohólicas busca reducir su consumo y, con ello, prevenir enfermedades relacionadas como cáncer, padecimientos respiratorios o problemas hepáticos.

Sin embargo, hay una contradicción importante. Aunque estos impuestos se presentan como medidas de salud pública, los recursos que generan no están etiquetados ni destinados de forma directa al sistema de salud ni a programas de prevención o tratamiento de enfermedades asociadas al consumo de tabaco y alcohol. En la práctica, estos ingresos pasan a la bolsa general del gasto público.

Si el objetivo principal es proteger la salud de la población, sería lógico que al menos una fracción considerable de estos recursos se destinara a reforzar hospitales, campañas de prevención y tratamientos especializados. De lo contrario, el impuesto parece responder más a necesidades recaudatorias para simplemente aumentar la capacidad de gasto del gobierno que a una estrategia integral de salud pública.

Además, el aumento constante de precios puede generar efectos secundarios. En el caso de los cigarros, los incrementos pronunciados pueden incentivar el crecimiento del mercado ilegal, donde se pueden vender productos sin regulación sanitaria que resulten aún más perjudiciales para la salud.