Justicia de relumbrón: ¿candil en la plaza, oscuridad en casa?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proyecta hoy dos realidades opuestas. Por un lado, abraza la periferia con un simbolismo histórico; por otro, revive expedientes que parecen desafiar la técnica y los plazos legales.

Esta dualidad convierte al tribunal en un candil de la calle y oscuridad en su propia casa.

El pasado 26 de febrero, el pleno transformó la plaza central de Tenejapa, Chiapas, en su sede itinerante. Es la primera ocasión desde 1917 que los magistrados sesionan fuera de la capital del país. Ataviados con trajes tradicionales, los juzgadores atendieron a la comunidad de Candelaria, que durante un lustro exigió el reconocimiento de su gobierno autónomo. Bajo una carpa blanca ante miles de personas, la institución prometió ser el “nuevo rostro de la justicia que va a caminar de la mano con el pueblo”. 

La cercanía resultó palpable: traductores en lenguas tsotsil y tseltal permitieron que habitantes, antes discriminados por no hablar español, entendieran los argumentos jurídicos.

Sin embargo, esta imagen de transparencia choca frontalmente con las decisiones tomadas en los pasillos de Pino Suárez. Mientras el tribunal exhibe empatía en el sureste, el ministro presidente Hugo Aguilar admitió un recurso para intentar cobrar una deuda fiscal de mil 187 millones de pesos a Grupo Caliente. Lo polémico reside en que el Tribunal Colegiado que amparó a la empresa de Jorge Hank Rhon determinó, el pasado 2 de enero, que el caso “no involucra temas de interpretación constitucional”. Según la normativa vigente, sin materia de la Carta Magna, el máximo órgano carecería de motivos para intervenir.

El conflicto técnico surge porque el SAT excedió por un solo día el plazo legal de doce meses para realizar la visita domiciliaria a la filial Hipódromo de Agua Caliente. Aunque la autoridad justifica la demora por la “falta de cooperación” de la firma para aportar documentos, el tribunal previo anuló el crédito fiscal por esa extemporaneidad. Al admitir este recurso el pasado 12 de febrero, Aguilar abre la puerta a revisar un asunto fuera de su competencia. 

Esta contradicción resulta alarmante. La legalidad no puede ser cercana en las plazas públicas si se ignoran los límites procedimentales en las oficinas. México requiere un sistema que no solo visite las plazas, sino que respete con rigor la ley y la jerarquía de los tribunales inferiores.