La 4T echa mano de los recortes para financiar programas sociales

Por Arturo Madrigal

El 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondría una reforma constitucional al Artículo 127 para reducir las pensiones que se otorgan a los funcionarios de alto rango que se jubilaron de entidades públicas.

La mandataria especificó que la iniciativa no toca a trabajadores con contratos colectivos, sino a trabajadores de confianza y altos mandos “que a la fecha con recursos públicos les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”. En ese sentido estimó que con la iniciativa se podrían ahorrar hasta 5 mil millones de pesos, mismos que se destinarían a los programas para el bienestar.

Esta no es la primera vez que la Cuarta Transformación anuncia este tipo de reducciones con el propósito de destinar lo ahorrado a programas sociales.

El 2 de abril de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

Según el mandatario, dicha medida generaría ahorros por 250 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, a través de varios puntos, entre los que destacó el fortalecimiento de los programas sociales.

Asimismo, el 22 de abril de 2020, López Obrador anunció una serie de medidas para combatir la crisis generada por la contingencia sanitaria, entre ellas la eliminación de 10 subsecretarías de Estado.

De acuerdo con lo anunciado por el mandatario, también se destacó la reducción de salario a funcionarios, así como suspensión de aguinaldos, la reubicación de oficinas públicas para disminuir el costo de la renta y la garantía de mantener los programas sociales.

La "eficiencia, honestidad y la austeridad", que se generaría, según dijo esa vez, permitirían aumentar el presupuesto para blindar los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos.

Además, el 21 de noviembre de 2020 el Senado de la República aprobó extinguir, a iniciativa de López Obrador, 109 fideicomisos que representaban más de 68 mil millones de pesos.

El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, señalaba que uno de los objetivos era ordenar el funcionamiento de algunos fideicomisos que debían subsistir y precisaba que el monto reportado en disponibilidades se reasignaría a atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía, además de garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.

Ya en la administración de la presidenta Sheinbaum, para el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2025 se planteó erogar un billón 80 mil millones de pesos en subsidios y programas sociales, un monto superior en cerca de 91 mil millones al de 2024.

Para ese objetivo se propuso un recorte generalizado a las secretarías de Estado, que afectaría a los organismos encargados de la seguridad, salud, de la búsqueda de personas desaparecidas, de la violencia contra las mujeres o de la atención a refugiados.

La organización México Evalúa consideró que se debían de equilibrar las prioridades en el Paquete Económico 2025, para garantizar no solo beneficios inmediatos, sino sostenibilidad fiscal y desarrollo económico a largo plazo.

En noviembre de 2024 el Congreso aprobó la extinción de siete órganos autónomos: el INAI, el Ifetel, la Cofece, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Según la reforma constitucional, los ahorros que se generaran se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Previo a su discusión, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, señaló que con la iniciativa se ahorrarían 100 mil millones de pesos al año, y añadió que dichos órganos recibieron una asignación total de 32 mil 313 millones de pesos desde su creación hasta 2024.

La Coparmex criticó la reforma señalando que abriría la puerta a la opacidad y la corrupción, además de propiciar una concentración de poder que favorece prácticas monopólicas.

En el sexenio de López Obrador se destinaron 2.9 billones de pesos a los Programas del Bienestar, luego de que la inversión en programas sociales prioritarios creciera gradualmente, al pasar de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones en 2024.

De acuerdo con Carlos Torres Rosas, actual coordinador de los Programas para el Bienestar, los beneficios de este esquema llegan actualmente a más de 32.8 millones de personas y estimó que en 2026 los programas lleguen a 42.9 millones de beneficiarios, es decir, 10 millones de personas más que en 2025, para lo cual se tiene un presupuesto de más de 1 billón de pesos.