La obsesión con el costo de la democracia

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió una contundente derrota legislativa, al no contar, siquiera, con el respaldo de sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. La propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria: obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra.

Tras el revés, la presidenta anunció que impulsará un “Plan B”. La idea sería avanzar mediante cambios legales o nuevas iniciativas que no requieran mayoría constitucional y que mantengan lo que ahora presenta como el objetivo central de la reforma: reducir el costo del sistema electoral.

Con esta versión de lo que será la nueva iniciativa, se vuelve a poner en el centro la ya vieja obsesión de la 4T con la idea de que la democracia mexicana es demasiado cara. Esta herencia de AMLO tiene su sustento en la narrativa de que el régimen anterior era de unos cuantos y que ahora sí es el pueblo quien gobierna. En esta premisa se omite que fue gracias al funcionamiento adecuado de ese sistema que se abrieron espacios en la política para lo que hoy es la 4T y que ha garantizado la legalidad de las elecciones que han ganado. 

Es cierto que el uso del dinero público debe ser racional. El problema es cuando el debate se reduce únicamente al costo. Operar elecciones limpias, transparentes y equitativas implica organizar padrones, capacitar funcionarios, instalar miles de casillas y garantizar vigilancia independiente. Todo eso cuesta.

Lo mismo ocurre con otros bienes y servicios públicos: mantener hospitales con tecnología moderna, garantizar la seguridad del sistema eléctrico del país o construir infraestructura capaz de detonar desarrollo también exige inversiones importantes.

México tardó décadas en construir un sistema electoral profesional y confiable, encabezado por el Instituto Nacional Electoral. Fue un proceso largo, producto de reformas, crisis políticas y acuerdos entre fuerzas rivales.

Discutir cómo gastar mejor los recursos públicos es necesario. Sin embargo, convertir el costo de la democracia en su principal problema puede terminar debilitando precisamente las instituciones que la sostienen. Y en ese terreno, ahorrar demasiado puede salir mucho más caro.