La violencia digital de género y el reto de gobernar internet

El Gobierno de México anunció esta semana un acuerdo de colaboración con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres. El objetivo es mejorar la atención a denuncias y acelerar la eliminación de contenidos que promuevan acoso, difusión de material íntimo sin consentimiento u otras formas de agresión en línea.

El convenio, presentado por la Secretaría de las Mujeres, busca establecer canales permanentes de comunicación entre el gobierno y las plataformas para atender reportes de violencia digital y aplicar protocolos que permitan retirar publicaciones que vulneren la dignidad de las mujeres. La gran ausente fue X, una de las plataformas de mayor circulación de violencia de género. La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dijo: “Vamos a ver qué hacemos en el caso de X”.

La iniciativa responde a un problema creciente. En México, millones de personas han experimentado ciberacoso en los últimos años, en su mayoría mujeres. Muchas de las agresiones en línea contra ellas incluyen insinuaciones sexuales, envío de contenido sexual no solicitado, suplantación de identidad o difusión de información personal, según ha documentado el INEGI.

En ese contexto, el acuerdo es un paso necesario. Gran parte de la violencia digital ocurre en plataformas privadas que operan con reglas propias y algoritmos globales. Sin un diálogo directo entre autoridades y empresas tecnológicas, cualquier política pública queda incompleta. La regulación tradicional del Estado difícilmente puede responder con rapidez a dinámicas que ocurren en tiempo real y en entornos digitales transnacionales.

Sin embargo, la colaboración con plataformas debe ser una parte de la estrategia. México ya cuenta con avances legales, como las reformas conocidas como “Ley Olimpia”, que sancionan la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero la experiencia demuestra que la legislación por sí sola no basta.

Combatir la violencia en línea exige también educación digital, mejores mecanismos de denuncia, apoyo psicológico y jurídico para las víctimas, y una mayor transparencia de las plataformas sobre cómo moderan el contenido.