Los riesgos de juntar la revocación de mandato y las elecciones

El “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye una propuesta particularmente delicada, la de hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Es decir, convertir ese año en una “súper elección” que mezcle comicios federales, locales y un ejercicio para decidir si la presidenta continúa o no en el cargo.

La idea no solo ha generado críticas de la oposición. Ni siquiera cuenta con respaldo pleno dentro de la coalición gobernante. El Partido del Trabajo ha condicionado su apoyo e incluso ha planteado que la revocación no coincida con la jornada electoral, precisamente por los riesgos que implica.

El problema de fondo es democrático. La revocación de mandato fue concebida como un mecanismo de control ciudadano, no como una herramienta electoral, y mezclarla con una elección intermedia distorsiona su naturaleza.

Primero, porque introduce un incentivo evidente para que el partido en el poder utilice la figura de la presidenta en la boleta —aunque sea indirectamente— para movilizar votantes y beneficiar a sus candidatos. La propia iniciativa abre la puerta a que el Ejecutivo participe en la promoción de procesos electorales, algo que hoy está prohibido.

Segundo, porque contamina la lógica de la competencia. Una elección intermedia debería evaluar a legisladores, gobiernos locales y fuerzas políticas. Si se suma la revocación presidencial, toda la atención se concentra en una sola figura, alterando el equilibrio del proceso, sobre todo en un sistema hiperpresidencial, como el mexicano.

Tercero, porque eleva el riesgo de politización de un mecanismo que debería ser excepcional. La revocación dejaría de ser un recurso ante crisis graves, para convertirse en parte del calendario electoral ordinario.

No es casual que incluso aliados del oficialismo duden.