Nueva Comisión Antimonopolios: menos autonomía para el regulador, más poder para el Ejecutivo

El Congreso ha aprobado la creación de la Comisión Nacional Antimonopolios, que sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo autónomo con mandato constitucional desde 2014. La nueva instancia dependerá de la Secretaría de Economía como organismo público descentralizado. Con esta decisión, continúa reconfigurándose el panorama institucional del país bajo el principio de reconcentrar funciones en el poder Ejecutivo. Ahora tocó a la vigilancia de los mercados y la procuración de competencia entre sus jugadores. 

 

La Cofece nació como un órgano autónomo, justamente para vigilar que los mercados funcionen en beneficio de los consumidores y no bajo las reglas de los grandes monopolios ni del poder político. Su autonomía era un blindaje indispensable para garantizar decisiones técnicas, libres de presiones e intereses partidistas.

 

Ahora, con la nueva Comisión subordinada a la Secretaría de Economía, se rompe ese equilibrio. Aunque se promete que mantendrá funciones separadas de investigación y sanción, no hay autonomía real si sus nombramientos dependen de la presidencia y su operación se define desde el gobierno federal. Esta comisión absorberá las funciones del también extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo especializado en la supervisión y regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

 

Este cambio se suma a una serie de reformas y decisiones que, bajo el argumento de la simplificación administrativa, han ido minando la arquitectura institucional del país. Desaparecen órganos autónomos, se debilitan contrapesos y se diluye la división de poderes.

 

La defensa de los consumidores, el combate a los monopolios y la regulación imparcial de los mercados requieren más que voluntad política y declaraciones de que la corrupción se ha extirpado. Se necesitan reglas, instituciones y equilibrios reales. 

 

Esta vez cayeron dos órganos capaces de regular de manera autónoma y especializada la competencia económica y los servicios de telecomunicaciones. ¿Quién seguirá?