Nueva Ley de Telecomunicaciones aprobada en el Senado. ¿Ya sin riesgos de censura?

El Senado aprobó el sábado la nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la versión aprobada es menos preocupante que la propuesta original, persisten elementos que despiertan inquietud sobre el respeto a la libertad de expresión, potencial presión del gobierno sobre los medios de comunicación, equidad entre competidores y posibles violaciones al T-MEC.

La iniciativa original generó una fuerte alarma, pues incluía medidas que abrían la puerta al bloqueo discrecional de plataformas digitales y otorgaban amplios poderes al Ejecutivo para intervenir en contenidos sin control judicial.

Finalmente, varios de estos puntos fueron eliminados o modificados. El más relevante es el que dejó fuera la facultad del Ejecutivo para ordenar el bloqueo de redes sociales. Otra de las mejoras importantes es que no se mantuvo la autorización previa de las autoridades mexicanas sobre la publicación de contenidos extranjeros.

Sin embargo, el riesgo no ha desaparecido. La nueva ley crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como autoridad regulatoria en la materia. Una de las preocupaciones es la posible cooptación del gobierno de este organismo, lo que mermaría su capacidad de limitar potenciales abusos del Poder Ejecutivo. 

Además, hay un elemento que refuerza la vigilancia del Estado sobre las comunicaciones de los ciudadanos, pues vuelve a la ley la obligación de identificarse mediante un documento oficial para acceder a un chip de teléfono móvil. Hacer un registro de quienes ya cuentan con un chip representaría una tarea titánica, por lo que está por verse si este elemento podrá aplicarse por completo. 

La versión final de esta ley es menos agresiva que la original, pero aún no es garantía plena de un ecosistema de telecomunicaciones libre y plural. Los pasos siguientes serán la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, donde se esperan pocos cambios. La incertidumbre más relevante concierne a la legislación secundaria, donde quedará claro cuáles son los alcances de esta ley en cuanto a la capacidad del Estado para intervenir en el funcionamiento de las telecomunicaciones, nuestro acceso a los servicios de este mercado y posibles afectaciones a la libertad de expresión.