Orden de aprehensión contra Silvano Aureoles: ¿persecución política?

La orden de aprehensión contra Silvano Aureoles coloca a un exgobernador en el centro de un proceso judicial de alto perfil. El exmandatario de Michoacán es acusado por delitos graves: homicidio, abuso de autoridad y tortura por un operativo policial en 2017 en Arantepacua, donde murieron cuatro personas. A ello se suman investigaciones por presunto desvío de miles de millones de pesos en la construcción irregular de cuarteles policiales.

Las acusaciones, tal como están planteadas, podrían ser suficientes para justificar una investigación. Se trata de posibles violaciones graves a derechos humanos y corrupción de gran escala. Negar de entrada la validez del proceso sería simplificar un problema complejo.

Sin embargo, el contexto importa. Aureoles no es una persona más buscada por la justicia. Es un personaje de oposición al que la 4T considera el "viejo régimen" y contra el que ha echado a andar su maquinaria a nivel local. Esto no significa que las acusaciones sean falsas, pero sí obliga a observar el caso con cautela.

Existen precedentes que alimentan la duda. Rosario Robles pasó años en prisión preventiva por el caso de la “Estafa Maestra” y, aunque fue vinculada a proceso, su caso evidenció excesos en el uso de la prisión sin sentencia firme. Finalmente, fue puesta en libertad puesto que no se pudo acreditar su responsabilidad. En el caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, el proceso ha estado marcado por una compleja disputa legal, amparos y decisiones contradictorias que han cuestionado su solidez jurídica.

La cuestión no es si se deba investigar a exfuncionarios, sino cómo se hace y las posibles motivaciones para hacerlo más allá del cumplimiento de la ley.