Plan A, Plan B: debilitar la democracia

Tras el rechazo de su reforma constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado un Plan B en materia electoral. La nueva propuesta busca avanzar cambios que no requieren mayoría calificada. Entre ellos, se plantean recortes al financiamiento de partidos y el INE, topes salariales a sus funcionarios, una limitación al presupuesto de los congresos locales y un número máximo de regidurías en los municipios.

A primera vista, podría parecer una versión más moderada que pone el acento en temas distintos. En el fondo, mantiene el mismo hilo conductor que el Plan A: reducir el peso de distintos actores del sistema político bajo el argumento de la austeridad.

Es cierto que hay aspectos discutibles que merecen debate. El financiamiento a partidos, por ejemplo, puede revisarse. Pero el problema no es una medida aislada, sino la dirección general del conjunto.

El Plan A apuntaba, sobre todo, al Instituto Nacional Electoral y a reducir el peso de la representación proporcional en el Congreso. El Plan B desplaza el foco hacia el ámbito local, en particular a los congresos estatales y ayuntamientos. En ambas iniciativas, el resultado converge en debilitar a actores clave de la vida democrática.

No son piezas menores. Partidos, autoridades electorales y órganos de representación a nivel estatal y municipal son producto de décadas de reformas que buscaron limitar el poder presidencial y abrir el sistema político. Su existencia responde a una lógica de equilibrio de poder, no de eficiencia administrativa.

Al dañar la influencia que tienen estas instituciones en la vida política en los municipios, en los estados y en la federación, estos ámbitos pierden capacidad de influencia frente al que sigue siendo el centro de gravedad del poder en México: la presidencia de la República.

México ya enfrentó los costos de un hiperpresidencialismo que subordinaba al resto de los poderes. La transición democrática fue, en gran medida, un esfuerzo por desmontarlo.

El país ya ha pagado los costos de un hiperpresidencialismo que asfixiaba a los otros poderes. Si algo definió el camino hacia la democracia en México, fue justamente la lucha por coartar las capacidades desmedidas que se ejercen desde el Ejecutivo federal.

Si el Plan A y el Plan B tienen algo en común, es que ambos parecen recorrer el camino inverso de la historia que construyó la débil democracia mexicana.