Plan B: de reforma electoral a ajuste administrativo

El Senado aprobó el llamado “Plan B” de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tras los cambios que sufrió en el proceso legislativo, la iniciativa quedó muy lejos de ser una reforma electoral de fondo. Lo que finalmente se aprobó es apenas un conjunto de ajustes administrativos.

El contraste con el Plan A es evidente. La propuesta original incluía cambios estructurales, como reducir el financiamiento de los partidos hasta en 25%, modificar la representación proporcional en la Cámara de Diputados, eliminar plurinominales en el Senado y recortar su tamaño de 128 a 96 integrantes. También contemplaba ajustes al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales.

Nada de eso prosperó. El Plan B intentó recuperar parte de esa agenda, pero también se fue desdibujando. El golpe final fue la eliminación de uno de sus componentes más relevantes: la posibilidad de hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones intermedias, una medida que implicaba un cambio político de gran alcance.

Sin ese elemento, lo aprobado se reduce, en esencia, a recortes salariales, ajustes presupuestales en congresos locales y el Senado, y un límite de hasta 15 regidores en los municipios. Es decir, en su mayoría, medidas administrativas con impacto en el gasto público, pero sin alterar de manera sustantiva las reglas del sistema electoral.

Esto plantea una pregunta inevitable: ¿puede llamarse reforma electoral a un paquete que no modifica el diseño de la competencia política ni las reglas del juego democrático?

La presentación del Plan B parece un intento por guardar las apariencias y poder decir, al menos, que algo se aprobó. La versión que validó el Senado y que pasa a la Cámara de Diputados poco tiene que ver con la reforma que pretendía el gobierno. Las modificaciones que ahora se votarán en la Cámara de Diputados siguen teniendo consecuencias, como la limitación de las capacidades de las instituciones a las que se les reduce el presupuesto. Sin embargo, no se trata ya de una reforma electoral, sino de un conjunto de ajustes administrativos.