Reforma judicial: ¿quién controlará al poder?

Las recientes acusaciones contra la exfiscal Ernestina Godoy por espionaje a políticos del PAN reabren un debate urgente sobre protección de datos, derecho a la privacidad el y abuso de poder.

Según corroboró Animal Político, durante su gestión, la Fiscalía de la Ciudad de México utilizó en el sexenio pasado herramientas de geolocalización en miles de ocasiones sin orden judicial, al menos 48 mil veces. En el caso de líderes panistas como Jorge Romero y Santiago Taboada, un tribunal colegiado confirmó que sus comunicaciones fueron monitoreadas ilegalmente, y ordenó destruir los datos recolectados. El fallo reconoció el abuso, pero no borra el daño causado.

Estos hechos son graves no solo por la violación de derechos, sino que encienden focos rojos sobre el futuro cercano. Los políticos del PAN que fueron espiados lograron, al menos, que un tribunal fallara a su favor y que se reconocieran las faltas cometidas, aunque no hubiera ninguna reparación relevante u obligación a la autoridad de imponer medidas que prevengan estos abusos. 

Con la nueva reforma judicial con juzgadores validados por el partido en el poder, las probabilidades de que un juez o magistrado se atreva a fallar en contra de las autoridades emanadas de Morena son bajas. Menos aún cuando la parte denunciante esté conformada por miembros de la oposición política.

El caso Godoy es una advertencia sobre lo que puede venir. Instala la preocupación de posible espionaje, u otros abusos, contra políticos, pero también contra periodistas, activistas y cualquiera que pueda incomodar al régimen. El respeto a los derechos fundamentales queda, cada vez más, en la voluntad de quien detente el poder.