¿Se avecina un juicio político contra Maru Campos?

La muerte de dos agentes estadounidenses —presuntamente vinculados a la CIA— y de funcionarios mexicanos tras un operativo en Chihuahua desató una crisis que rápidamente escaló del ámbito local al nacional. El caso puso sobre la mesa la posible participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad sin autorización del gobierno federal.

En México, la Constitución establece que la cooperación en materia de seguridad con agentes extranjeros debe ser autorizada y coordinada por el gobierno federal. Sin embargo, desde la Presidencia se ha señalado que no se tenía conocimiento de esta supuesta colaboración. Hasta el momento, el gobierno de Chihuahua ha negado que los agentes estadounidenses hubieran participado en un operativo, aunque para muchos las explicaciones no han sido convincentes.

A partir de este episodio, integrantes de la 4T, especialmente legisladores del Partido del Trabajo, han planteado la posibilidad de iniciar un juicio político contra la gobernadora Maru Campos. La acusación se basaría en violaciones a la Constitución e incluso de “traición a la patria”.

Un juicio político es un proceso de gran complejidad jurídica y política que sólo sucede en raras ocasiones. Este procedimiento requiere acreditar faltas graves en el ejercicio del cargo que afecten el interés público, aunque la Constitución no especifica el tipo de faltas que activarían esta figura.

El reto va más allá de lo jurídico, pues tiene aristas políticas relevantes. Por un lado, la espectacularidad de un juicio político permitiría a Morena y la 4T cargar contra Maru Campos y el PAN en Chihuahua, una de las pocas entidades que aún no gobierna la 4T. Poner este mecanismo en marcha sería una herramienta poderosa a las puertas de la elección estatal del próximo año.

Sin embargo, probar que agentes estadounidenses desempeñaron tareas de seguridad en México acarrearía consecuencias negativas para la presidenta Sheinbaum. En primer lugar, cuestionaría su discurso de “no subordinación” y demostraría que no puede evitar que Estados Unidos viole la soberanía mexicana si se lo propone. En segundo lugar, pondría la relación entre los dos países en una situación delicada, sobre todo con la revisión del T-MEC en curso y con la abultada agenda bilateral que requiere de la cooperación entre ellos.

Un juicio político beneficiaría a Morena. ¿Se puede decir lo mismo sobre el gobierno federal?