Se le complica el panorama a Trump de cara a las elecciones intermedias

El viernes 20 de febrero la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe a la agenda económica y comercial del presidente al invalidar los aranceles impuestos el 2 de abril de 2025 durante el llamado "Día de la Liberación".

El tribunal supremo determinó con mayoría de 6-3, que el gobierno abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 al utilizarla como base para imponer gran parte de los aranceles aplicados, al entender que esa legislación no faculta al presidente a crear nuevos impuestos en tiempos de paz, a la vez en que sostuvo que la Constitución reserva al Congreso las decisiones centrales sobre tributos.

El mandatario estadounidense reaccionó pocas horas después cuestionando a los magistrados y anunciando un nuevo arancel global de 10% basado en una legislación distinta, mismo que aumentó horas después al 15%.

Asimismo, el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) entró en un cierre parcial de sus funciones tras desacuerdos presupuestales en el Congreso debido a la falta de consenso entre demócratas y republicanos en torno a la política migratoria y los controles a las agencias federales de inmigración.

Los demócratas demandaron una serie de cambios en la forma de operar de agencias como ICE, que ni la Casa Blanca ni la agencia están dispuestos a acatar, como dejar de usar máscaras en los operativos, uso visible de identificaciones oficiales, la adopción de un código de conducta más estricto y la implementación obligatoria de cámaras corporales.

Las exigencias surgieron tras la brutalidad con la que el ICE lleva a cabo sus redadas para deportar inmigrantes indocumentados, así como la muerte de Alex Pretti y Renee Good a manos de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones en Minneapolis, Minnesota, hecho que intensificó el debate sobre la forma de operar de estas agencias y el uso de la fuerza.

Sin embargo, el impacto actual de este cierre está acotado exclusivamente al DHS, a diferencia del cierre de gobierno que tuvo lugar meses antes, del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2025, el más largo de la historia de Estados Unidos y el cuarto que ha enfrentado Trump como presidente después de los tres que enfrentó en su primer mandato.

Dicho cierre implicó el despido de miles de trabajadores federales, la falta de pago a todos aquellos trabajadores con funciones esenciales; la incursión de donadores anónimos que aportaron 130 millones de dólares para el pago de la nómina del ejército; miles de personas sin poder realizar trámites oficiales, así como pasajeros varados por la cancelación de miles de vuelos por falta de controladores aéreos.

Además, Trump enfrenta una reducción en sus niveles de aprobación.

Previo a su discurso sobre el Estado de la Unión este 24 de febrero, una encuesta nacional de CNN indicó que solo el 36% de los estadounidenses respalda su gestión, pues la mayor parte de la ciudadanía rechaza su desempeño y percibe una desconexión entre las prioridades de Trump y las preocupaciones reales del país.

A su vez, una encuesta del Pew Research Center de finales de enero reveló que su aprobación cayó al 37%, y que la mitad de los estadounidenses piensan que su administración ha resultado “peor de lo que esperaban”.