¿Se puede confiar en las cifras gubernamentales de seguridad?

El más reciente ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que enumera las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo con base en su tasa de homicidios, colocó a México en una posición alarmante. Diecisiete de esas ciudades se encuentran en territorio nacional. Es decir, aproximadamente un tercio de las ciudades más violentas del planeta están en el país.

El estudio utiliza el número de homicidios por cada cien mil habitantes como principal indicador para comparar niveles de violencia urbana. En la lista aparecen de manera recurrente ciudades mexicanas que desde hace años enfrentan crisis de seguridad, como Colima, Tijuana, Ciudad Obregón, Zacatecas, Celaya o Acapulco, entre otras. El resultado confirma la persistencia de focos rojos territoriales en distintas regiones del país, pese a los reportes oficiales que han destacado reducciones recientes en homicidios dolosos.

Más allá de la gravedad que revela este ranking, basado en cifras oficiales, el informe plantea una preocupación adicional: la posibilidad de subregistro de homicidios en México, particularmente en los años más recientes. Este señalamiento es grave porque pone en duda la confiabilidad de las estadísticas gubernamentales, que constituyen la base para diseñar políticas públicas, evaluar resultados gubernamentales y dimensionar la magnitud real de la violencia.

Si existiera una subestimación sistemática, las implicaciones serían profundas en términos de transparencia, confianza ciudadana y capacidades institucionales para enfrentar el problema.

Ante estos señalamientos, el gobierno mexicano enfrenta el reto de transparentar sus metodologías, abrir sus bases de datos y detallar los procesos mediante los cuales calcula los homicidios. La seguridad pública exige confianza en las cifras oficiales, y esa confianza solo puede sostenerse mediante información verificable y abierta.

Con una proporción tan elevada de las ciudades más violentas del mundo, México no puede darse el lujo de sumar una crisis de credibilidad institucional a la grave situación de seguridad.