Sheinbaum pisa el acelerador: 2025, año de reformas cruciales para la 4T, Parte I

Por Arturo Madrigal

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum pisó el acelerador en 2025 para poner los cimientos del “segundo piso” de la autodenominada “Cuarta Transformación”.

Este año que termina, Morena, el partido oficialista, junto con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, hicieron uso de la aplanadora legislativa en el Congreso de la Unión para cambiar leyes y aprobar una serie de reformas constitucionales que dan forma al proyecto de nación que la 4T ha delineado desde 2018.

Cambios en materia electoral, jurídica, energética, de seguridad y de recursos naturales, fueron impulsados por el Gobierno de Sheinbaum de cara a las coyunturas nacionales e internacionales, muchos de ellos envueltos en la polémica y con enérgico rechazo de algunos sectores de la población así como de la oposición, que en este momento está reducida a un papel testimonial.

En Envozmx elaboramos un recuento de algunas de las reformas más importantes aprobadas este 2025.

FEBRERO

Reformas al Infonavit

Luego de álgidas discusiones en el Congreso, el Senado de la República aprobó el 13 de febrero reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, con la que se busca facilitar el acceso a la vivienda a la población mexicana.

Con estos cambios se materializó en el terreno legislativo la iniciativa enviada en diciembre de 2024 por la Presidenta Claudia Sheinbaum y con la cual se pretende la construcción de hasta un millón de viviendas sociales para trabajadores, de las que alrededor de 500 mil estarán a cargo del Infonavit, a través de la creación de una empresa constructora.

Se buscan también créditos accesibles y suficientes para los trabajadores que coticen en el Infonavit y que ganan menos de dos salarios mínimos; un plan de desarrollo que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos como donación y construir inmuebles; el arrendamiento social con opción a compra y que los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30% de su salario.



Uno de los puntos polémicos del proyecto es que se tocan 2.4 billones de pesos de las subcuentas de los trabajadores, mismos que serán administrados por la empresa constructora, bajo control del Infonavit, para financiar la construcción de las viviendas prometidas por el Gobierno.

El oficialismo defendió esta reforma señalando que con ella se garantiza el pleno acceso al derecho humano a una vivienda adecuada y la protección del patrimonio de las personas trabajadoras, con una visión integral y social, además de que amplía el objeto y facultades del Infonavit para la construcción y el arrendamiento con opción a compra.

Sin embargo, desde la oposición se consideró que la reforma afectará los ahorros de los trabajadores, y criticaron la falta de transparencia con la que se manejarán los recursos.

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2025.

MARZO

Contra el nepotismo y la reelección

El 4 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, a iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, reformar la Constitución para prohibir la reelección consecutiva así como el nepotismo electoral.

La propuesta reforma y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política, y será aplicable a partir de los procesos electorales locales y federales de 2030.



Con los cambios aprobados se convierte en requisito para todo aquel ciudadano que busque una curul o una alcaldía el no tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo el puesto.

Asimismo las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.
Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Tras su aprobación por los congresos locales, estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025.

Prohíben maíz transgénico

El 5 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó una reforma constitucional en la que se prohíbe que en México se siembre maíz genéticamente modificado.

La iniciativa, enviada al Congreso en enero por la Presidenta Sheinbaum, modifica los Artículos 4 y 27, y establece que el maíz es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas.

Además, se establece que todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población.



Debe también priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2025.

Por la soberanía nacional, ¿respuesta a Trump?

El 11 de marzo, el Congreso aprobó reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución con el fin de fortalecer la soberanía nacional ante intentos de intervención extranjera.

La iniciativa fue enviada en febrero por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la designación de cárteles mexicanos como terroristas por parte del Gobierno estadounidense encabezado por el Presidente Donald Trump.

El proyecto establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables.

Se establece también la prisión preventiva oficiosa para delitos de terrorismo y a cualquier extranjero vinculado con el tráfico de armas.

Las modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025.

Pemex y la CFE vuelven a ser empresas públicas

El 12 de marzo, el oficialismo hizo uso de su mayoría legislativa para aprobar en la Cámara de Diputados las leyes secundarias con las que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierten en Empresas Públicas del Estado.

Dichos cambios tienen como antecedente las reformas constitucionales aprobadas en octubre de 2024 con el fin de darle ese estatus a ambas empresas paraestatales.

Con estas modificaciones se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado de la Comisión Federal de Electricidad, la de Petróleos Mexicanos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles, Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.



También se reformó la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el Gobierno, las modificaciones secundarias permitirán retomar la planeación estatal con instrumentos vinculantes a mediano y largo plazo. Además, por primera vez, se reconoce la justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía, priorizando a las poblaciones más vulnerables.

Se devuelve PEMEX y CFE al pueblo de México como empresas públicas, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, se determina que las actividades que realicen no serán consideradas monopólicas, pues cumplen una función social, y desaparecen sus subsidiarias, dando paso a su reintegración vertical y horizontalmente.

En el caso del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia, con lo cual CFE mantendrá, al menos, 54% del promedio anual de la energía inyectada a la red; se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación; se definen las áreas de participación para la iniciativa privada, con orden y transparencia, y se mantiene el mercado eléctrico, garantizando la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

En el sector hidrocarburos, PEMEX determinará las áreas de exploración y extracción, y podrá asociarse con privados en contratos mixtos. Se introduce el Derecho Petrolero para el Bienestar, un nuevo régimen fiscal simplificado para PEMEX; se rescata la industria petroquímica nacional, se mejora la trazabilidad de los hidrocarburos y se establecen esquemas de inversión mixta para compartir riesgos y beneficios.

Se crea también la Comisión Nacional de Energía (CNE), que sustituye a las Comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos, para optimizar las facultades, y se fortalece la planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética desde la Secretaría de Energía, sin duplicidades.

La CNE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con independencia técnica y operativa, se encargará de otorgar permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, establecer tarifas, vigilar el Mercado Eléctrico Mayorista y supervisar la cadena productiva de gas natural, petrolíferos y petroquímicos.

Los cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025.

¿Golpe a la transparencia?

El 20 de marzo, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales con las que se trasladan las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La aprobación de estas leyes tiene como antecedente la reforma constitucional llevada a cabo a fines de 2024 para desaparecer al INAI.

Con los cambios se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Además se reforma el Artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia; asimismo, se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo, para coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública.

Desde el oficialismo se defendió el proyecto argumentando la necesidad de una simplificación orgánica que devuelva el control de la información pública a los ciudadanos sin burocracias ni gastos excesivos.

Por su parte, la oposición cuestionó el proyecto diciendo que representaba un “atentado a la democracia”, pues plantea que el gobierno se vigile a sí mismo y no dé garantías para que los datos sensibles de los ciudadanos se usen con fines políticos o “terminen en manos equivocadas”, quedando así la transparencia subordinada a “conveniencias”.

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.

JULIO

Buscan resolver tema de desapariciones

El caso Teuchitlán sacudió a México y puso en evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones que se vive en México.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso en marzo una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población, misma que fue aprobada en julio por los legisladores.

Con estos cambios se busca fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de personas mediante el uso de nuevos instrumentos tecnológicos y un enfoque interinstitucional.

Uno de los puntos medulares de la reforma es la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema centralizado que integrará información de distintas instituciones y que estará conectada a bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.

Asimismo plantea la obligación de integrar a la Clave Única de Registro de Población (CURP) datos biométricos, incluyendo el rostro, iris y huellas dactilares en formato físico y digital. Según lo establecido, el nuevo documento deberá ser usado para realizar trámites públicos o privados.



Se obliga también a la todas las autoridades y particulares que posean datos identificativos o biométricos a permitir su consulta a las fiscalías, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, exclusivamente para fines de búsqueda.

Desde la oposición se criticó la iniciativa argumentando que no se contemplan cambios de fondo para prevenir las desapariciones, y advirtieron por posibles violaciones a la identidad y a la protección de datos personales.

Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

Nuevas leyes de Seguridad e Inteligencia

El 1 de julio, el Senado aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, iniciativa enviada en febrero por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto tiene como principal objetivo regular la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema, a través de la coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno, así como la operación de estrategias conjuntas entre las instituciones de seguridad pública a fin de que compartan y actualicen de manera diaria la información que generan y posibilitar su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Entre los puntos relevantes de la iniciativa se encuentra la creación del Sistema Nacional de Información, que se integrará, al menos, por el Registro Nacional de Armamentos y Equipo, Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional de Incidencia Delictiva, Registro Nacional de Información Penitenciaria y Registro Nacional de Mandamientos Judiciales.

Se integrará también por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños; Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados; Registro Nacional de Eficiencia Ministerial; y el Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas.

Además, con esta ley se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas.



Fue aprobada también la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con la que se crea la Plataforma Central de Inteligencia bajo responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, la cual interconectará bases de datos de todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país.

Además, se instala el Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública como órgano superior de deliberación y coordinación estratégica; y se establecen estándares obligatorios de certificación, evaluación y profesionalización para todo servidor público que maneje información de inteligencia.

Con la implementación del Sistema Nacional de Inteligencia se permitirá integrar la información generada por las fuerzas armadas, incluso de la Guardia Nacional, de las fiscalías, las policías estatales, las unidades de Inteligencia financiera, las autoridades aduaneras y otros actores relevantes.

También se posibilita y coordina por parte de la SSPC, el suministro de información generada mediante sistemas de inteligencia de las diversas instituciones de seguridad, algunas gubernamentales y, mediante determinados mecanismos, de entes privados.

Dichos cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025.