Sheinbaum pisa el acelerador: reformas enfrentan resistencias, Parte II

Por Arturo Madrigal

En la segunda mitad de 2025, las reformas que el oficialismo buscaba aprobar se vieron marcadas por un rechazo enérgico de la oposición así como de algunos sectores de la sociedad.

Las expresiones más radicales de rechazo se dieron a través de protestas y bloqueos carreteros que formaron parte de la agenda nacional por semanas. Sin embargo, esto no limitó al Gobierno para implementar los cambios pretendidos haciendo uso de su aplanadora legislativa, llegando a aprobar algunas iniciativas por la vía “fast track”.

En Envozmx hacemos un recuento de ellas en esta segunda parte.

OCTUBRE

Cambios en la Ley de Amparo

Tras desacuerdos dentro del oficialismo y un atropellado proceso en ambas cámaras legislativas, la aplanadora morenista en el Senado aprobó el 15 de octubre la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como parte de una iniciativa enviada en septiembre por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las modificaciones a la Ley de Amparo tuvieron, principalmente, motivos recaudatorios. Uno de los argumentos esgrimidos fue el de evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y “afectan el interés social y el orden público”.

La controversia llegó cuando la Cámara Alta, a propuesta del Senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, agregó a la iniciativa un artículo transitorio que le daba carácter retroactivo a la norma, a contramano de la propuesta presidencial que establecía que los procesos iniciados antes de la aprobación de la reforma fueran resueltos conforme a la normativa vigente en el momento de su inicio.

La adición de este artículo fue considerada inconstitucional ya que vulneraba el Artículo 14 de la Carta Magna que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de alguien, por lo que enfrentó un fuerte rechazo de la oposición, de expertos y hasta de la propia Presidenta.

Finalmente, la cláusula fue eliminada por la Cámara de Diputados y la iniciativa fue devuelta al Senado para su aprobación.



Desde el oficialismo se defendió la iniciativa señalando que durante años la figura del amparo fue utilizada por grupos de poder para frenar la justicia o blindar privilegios económicos, por lo que las modificaciones buscan ponerla nuevamente al servicio de la sociedad, impidiendo que se distorsione con fines particulares.

Por su parte, desde la oposición se advirtió que las modificaciones reducen la capacidad de frenar abusos de poder, lo que favorece una concentración de autoridad y disminuye los contrapesos que protegen a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias.

La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025.

NOVIEMBRE

Van contra extorsiones

Hasta con 42 años de cárcel podría ser castigado quien cometa el delito de extorsión en México.

El 24 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que se busca endurecer las penas por la comisión de este ilícito.

Dicha iniciativa fue enviada al Congreso el 20 de octubre por la Presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de unificar en todo el país las acciones contra la extorsión, ya que cada estado castigaba el delito de manera distinta.

Fueron modificados también los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal Contra La Delincuencia Organizada, la Nacional de Extinción de Dominio y de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



De acuerdo con la iniciativa, se le impondrán de 15 a 25 de prisión a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

Asimismo se aumentará la pena de 5 a 12 años de prisión, cuando en la comisión del delito de extorsión se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico.

Además, se aumentará la pena de 7 a 17 años de prisión cuando la comisión del delito de extorsión se realice mediante el uso de una o más armas o instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego; cuando se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad, cuando se empleen menores de edad o cuando haya violencia física, cuando se cometa por persona servidora o exservidora pública de cualquier nivel de gobierno o un elemento que sea miembro o ex miembro de una empresa de seguridad privada.

La Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025

DICIEMBRE

El estado refuerza su rectoría en el agua

Con el fin de “recuperar el agua como bien público de la nación”, el 4 de diciembre el Senado aprobó por la vía “fast track” la iniciativa remitida horas antes por la Cámara de Diputados con la que se crea la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales.

La propuesta fue enviada en octubre al Congreso por la Presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como puntos medulares la revisión de concesiones y derechos de uso del agua, con el propósito de priorizar el consumo humano y doméstico por encima de cualquier otra actividad económica, al tiempo que se promueve una gestión responsable en los sectores agrícola e industrial.

Uno de los puntos que generó más polémica fue que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será el ente encargado de reasignar las concesiones para el uso del vital líquido, por lo que ya no podrán ser transmitidas entre particulares sin antes hacer las gestiones ante la Comisión.

La Conagua defendió la iniciativa señalando que el objetivo es evitar “mercados negros”, prácticas de acaparamiento, mejorar la transparencia y dar certeza jurídica a todos los usuarios.



Sin embargo, la discusión legislativa se vio empañada por protestas del sector agrícola, que a lo largo y ancho del país llevaron a cabo decenas de bloqueos carreteros para frenar la propuesta, argumentando que con las modificaciones ya no podrían heredar ni vender sus tierras por no tener el permiso para el uso de agua.

A la inconformidad del sector agrícola se sumó la oposición. El coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que Morena “quiere tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua”.

“Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena. En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua, el agua regresa al gobierno”, dijo en su momento.

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025.

Prohíben los vapeadores

El 10 de diciembre, Morena y aliados en el Senado de la República reformaron, a iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una serie de disposiciones de la Ley General de Salud, entre las que se incluye la prohibición de los cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas o dispositivos análogos.

Dentro de la Ley se crea un capítulo sobre cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, que define como todo aparato o sistema mecánico, electrónico de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora.



Con la propuesta se prohibirá en todo el país la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos los desechables o de un solo uso.

A todo aquel que incurra en las conductas anteriormente mencionadas se le impondrá de uno a ocho años de prisión y una multa equivalente de 100 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 11,314 pesos y 226,280 pesos por la venta de estos dispositivos.
Sin embargo, se exceptúa de la prohibición su consumo cuando no se destine a las actividades o fines señalados anteriormente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió este proyecto argumentando el daño a la salud que generan estos dispositivos.

Por su parte la oposición criticó la iniciativa señalando que el enfoque prohibicionista no resuelve de fondo el consumo y además será un incentivo para el surgimiento de un mercado negro.

LOS CAMBIOS QUE ENTRARON EN VIGOR Y LOS PENDIENTES

El 2025 fue el año de entrada en vigor de disposiciones importantes aprobadas el año anterior.

Sin duda el cambio de más relevancia fue el que se derivó de la Reforma Judicial, que se materializó con la elección de jueces y magistrados llevada a cabo el 1 de junio, así como la llegada de los jueces electos a la nueva Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre 

Otro de los cambios destacados fue el derivado de una reforma laboral aprobada en diciembre de 2024, por la que el 1 de julio de este año inició el aseguramiento obligatorio en el IMSS para personas trabajadoras de plataformas digitales a través de un programa piloto en el que se verificará que las reglas funcionen.

También entró en vigor la llamada “Ley Silla”, un cambio normativo que obliga a los centros de trabajo a garantizar el derecho al descanso de las personas trabajadoras que realizan actividades de pie.

Entre los pendientes para 2026 está aprobar la reducción de la jornada laboral para pasar de 48 a 40 horas semanales, buscando que el cambio sea gradual, reduciendo dos horas laborales por año hasta llegar a las 40 en 2030 sin afectar sueldos ni prestaciones.

Además, se vislumbra una reforma electoral que, según la Presidenta Sheinbaum, contemplaría eliminar las listas de legisladores plurinominales, reducir los recursos públicos destinados a las elecciones y revisar la necesidad de mantener los Organismos Públicos Locales Electorales.

Con el precedente dejado por 2025 el año 2026 promete ser también un año de efervescencia política y esencia reformadora.