Sinaloa: Los 34 millones de pesos para Seguridad que el gobierno de Rocha Moya no justifica

Sinaloa: Los 34 millones de pesos para Seguridad que el gobierno de Rocha Moya no justifica

El gobierno de Sinaloa, que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya, sigue sin comprobar 34 millones de pesos que la Federación le entregó para materia de seguridad. 

Esa cantidad se desprende de dos revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la gestión estatal en las que reportó sobreprecios o recursos mal administrados correspondientes al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP). 

Los millones faltantes se registran en la entidad sinaloense, mientras su población enfrenta una crisis de violencia histórica, que se intensificó en el último año por la “guerra” que mantienen las facciones criminales de “Los Chapitos” y “La Mayiza”; tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos, traicionado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024, fecha en que ambos capos fueron detenidos.

Rocha Moya inició sus funciones como gobernador de Sinaloa el 31 de octubre del 2021.  La ASF analizó los recursos públicos federales que le fueron otorgados por medio del FASP para el 2022, primer año de su administración.  

En sus hallazgos, la Auditoría determinó en el informe 1692 que, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública, se adquirieron a sobreprecio 3 motocicletas y 40 patrullas; 14 de estas serían para reforzar a policías municipales. Todo esto por un monto de 40 millones 160 mil pesos. 

Sin embargo, la ASF consideró que con esos mismos recursos, realmente debió adquirir 5 motocicletas y 60 patrullas. 

Y, en el rubro de Procuración de Justicia, la administración estatal comprobó la compra de 17 vehículos y 2 refrigeradores de laboratorio también a precios excesivos por 6 millones 549 mil pesos.

Con esa misma cantidad, la ASF expuso que debió adquirir 17 vehículos y 3 refrigerados. 

Por esa disparidad en el monto de las adquisiciones, la Auditoría estableció compras a sobreprecio por 22 millones 483 mil pesos. 

La ASF estableció también que no se justificó la compra de menos bienes a un precio superior, para lo cual se requería la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el convenio de coordinación que regula al FASP entre el gobierno federal y el estado de Sinaloa. 

Dentro del mismo informe de auditoría 1692, la ASF revisó ocho convenios para la impartición de cursos por 13.7 millones de pesos. En la evidencia, encontró que cinco cursos fueron realizados y pagados con 9.6 millones. 

De los otros tres cursos restantes, halló que se formalizaron los convenios entre octubre y diciembre de 2022 con la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL). Se trató de formación inicial a 27 aspirantes a policías de investigación y a 24 aspirantes a peritos, así como formación inicial a 50 aspirantes a policías municipales. 

Sin embargo, estos cursos, responsabilidad de la UNIPOL fueron contratados antes de que iniciara su impartición. Además de que algunos de los alumnos no se presentaron a las clases pagadas con recursos públicos. 

“(Los cursos) seguían impartiéndose en mayo de 2023 con una conclusión programada al mes de junio de 2023 por lo que fueron pagados sin ser devengados. Adicionalmente, en mayo de 2023 se realizó una visita a las instalaciones de la UNIPOL para realizar un pase de lista y constatar la asistencia de los aspirantes; sin embargo, se acreditó la capacitación de 22 aspirantes de los 27 aspirantes a Policía de Investigación y 20 aspirantes de 24 aspirantes a Perito, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, se lee en el informe. 

Por lo anterior, la ASF señaló al gobierno de Sinaloa por derrochar 3 millones 780 mil pesos de dinero público. 

Para 2023, la ASF encontró irregularidades nuevas por 8.5 millones de pesos otorgados a Sinaloa a través del FASP, de los cuales, solo fueron justificados 372 mil pesos. Estos faltantes quedaron asentados en el informe 1818 de la Cuenta Pública 2023. 

Dentro de esos perjuicios a las arcas públicas, el organismo de auditoría reportó que el gobierno sinaloense adquirió 520 cascos balísticos nivel III-A de la marca Longfri Technologies Co; sin embargo, las autoridades encargadas de la adquisición no proporcionaron el reporte fotográfico de los bienes.

Tampoco demostraron características de rotulado correspondiente al lote de producción y serie del lote, por lo que no se pudo verificar si realmente fueron adquiridos y entregados a los elementos de seguridad. 

Dentro del mismo informe 1818, la Auditoría Superior también documentó discrepancias en ampliaciones a cuatro contratos, ya que el gobierno de Sinaloa no proporcionó la solicitud para el pago de estas. Ello implicó un quebranto a las arcas públicas de 4 millones 289 mil pesos.

A la fecha, las irregularidades sin justificar en materia de seguridad pública imputables al gobierno que dirige Rocha Moya suman 34 millones 361 mil pesos. 

La ASF tiene estos recursos en estatus “por recuperar o aclarar”.