Sociedad civil bajo presión: un golpe a la democracia

La cancelación de la autorización para recibir donativos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México ha encendido alertas. La medida, aplicada por el Servicio de Administración Tributaria, se justifica oficialmente por incumplimientos administrativos y fiscales. Sin embargo, sus implicaciones van mucho más allá de un trámite técnico.

De acuerdo con información reciente, al menos un centenar de organizaciones perdieron este estatus y más de una decena de forma definitiva. Entre ellas figuran México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos Primero, todas críticas del gobierno.

Perder la calidad de “donataria autorizada” no implica su desaparición, pero sí limita de manera significativa su capacidad de financiamiento. Sin ese incentivo fiscal, los donativos se reducen y, con ello, su margen de operación.

El problema de fondo no es solo administrativo, sino democrático. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen funciones que el Estado no siempre puede o quiere asumir, pues documentan abusos, evalúan políticas públicas, apoyan a poblaciones vulnerables y generan información independiente. Son, en esencia, un contrapeso.

El gobierno sostiene que se trata de decisiones técnicas. Pero organismos como Amnistía Internacional han advertido que este tipo de medidas pueden convertirse en mecanismos indirectos de presión, sobre todo cuando afectan a organizaciones críticas.

No es un fenómeno exclusivo de México. A nivel global, diversos gobiernos han utilizado regulaciones fiscales para acotar el espacio de la sociedad civil. Bajo esta lógica, el objetivo es debilitar a actores incómodos sin necesidad de confrontarlos directamente.

En una democracia sana, el Estado no ve a la sociedad civil como adversaria, sino como complemento. Reducir su capacidad de acción, en el fondo, no fortalece al gobierno, sino que debilita al sistema en su conjunto.

Cuando se limita a quienes observan la realidad del país y dotan de análisis basados en evidencia, se pierde pluralidad, transparencia y, en última instancia, calidad democrática.