Tren Interoceánico: la erosión del derecho a la información

La decisión de reservar información sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca abre un debate serio sobre transparencia, justicia y rendición de cuentas. El accidente dejó 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas, por lo que el interés público en conocer qué ocurrió es incuestionable.

De acuerdo con reportes periodísticos, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec clasificó como reservada, hasta 2031, la información técnica de los vagones de la Línea Z, así como las comunicaciones y reportes generados con el centro de mando tras el accidente. La justificación oficial fue que difundir estos datos podría poner en riesgo la seguridad y la continuidad operativa del sistema ferroviario, además de que los documentos forman parte de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República.

Posteriormente, y tras cuestionamientos de los medios de comunicación, la Secretaría de Marina echó marcha atrás y sostuvo que la información no está siendo negada, sino resguardada mientras continúan las investigaciones, y aseguró que se hará pública cuando la indagatoria concluya.

Clasificar información durante años limita el derecho de la ciudadanía a conocer hechos de alto impacto social y debilita la posibilidad de exigir responsabilidades. Para las víctimas y sus familias, el acceso a la información es un elemento fundamental para alcanzar justicia y conocer la verdad.

Este caso también refleja el estado en el país de los derechos propios de una democracia moderna, como el derecho a la información y la transparencia. La desaparición de organismos autónomos como el INAI, encargado de garantizar estos derechos, deja a la sociedad con menos herramientas para impugnar decisiones gubernamentales.

Este caso, y el cambio de decisión en unas cuantas horas, muestra que el derecho a la información en México se ha debilitado severamente, pues ya no está resguardado por una institución capaz de obligar a las instituciones a abrir sus archivos. Por el contrario, ahora estamos a merced de la voluntad de los funcionarios públicos y la capacidad de otros actores, como los medios de comunicación, para ejercer presión.