Un nuevo auditor en la ASF y una institución que recuperar

La Cámara de Diputados designó como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, a Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien encabezará el órgano encargado de vigilar el uso del dinero público durante los próximos ocho años. Su nombramiento fue aprobado con 472 votos, un respaldo casi unánime en San Lázaro.

La Auditoría es una de las instituciones clave del sistema de rendición de cuentas en México. Su función es revisar cómo se ejercen los recursos federales en dependencias del gobierno, organismos autónomos, estados y municipios. De su trabajo dependen investigaciones, sanciones y, en muchos casos, la recuperación de recursos públicos mal utilizados.

El nuevo auditor llega en un momento particularmente delicado para la institución. La gestión de David Colmenares, quien buscaba reelegirse pero ni siquiera logró integrar la terna final, estuvo rodeada de críticas por una fiscalización considerada débil y complaciente con el poder político. Durante su periodo, hubo una disminución en las denuncias por desvío de recursos y una menor recuperación de fondos públicos, lo que debilitó la credibilidad del órgano fiscalizador.

A este contexto se suma otro elemento que ha generado debate: la cercanía política del nuevo auditor con el entorno presidencial. Hernández Palacios es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, uno de los cargos de mayor confianza en su equipo. Fue también director jurídico de Tlalpan durante la gestión de Sheinbaum como alcaldesa y fue, además, la persona a la que dejó a cargo de la alcaldía cuando contendió por la jefatura de gobierno de la capital.

Ese vínculo no invalida automáticamente su capacidad técnica —ha trabajado dentro de la propia ASF desde 2018—, pero sí coloca sobre él una exigencia mayor de independencia.

El verdadero reto de su gestión será recuperar la credibilidad de la Auditoría Superior, que sólo puede cumplir su función si mantiene autonomía frente al poder político que debe fiscalizar. El nuevo titular tendrá que demostrar que la fiscalización en México puede volver a ser incómoda para el poder. Ese será el verdadero termómetro de su gestión.