A 58 años de Tlatelolco, el 2 de octubre sigue sin condenas penales y con la memoria en disputa

El conflicto comenzó a finales de julio de 1968, cuando una riña entre estudiantes en el centro de la capital fue reprimida con brutalidad por los granaderos, el cuerpo antimotines de la policía capitalina. Las protestas que siguieron se toparon con más golpes y detenciones y, el 30 de julio, con un bazucazo del Ejército contra la puerta del Colegio de San Ildefonso. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, condenó la violación de la autonomía universitaria y encabezó el 1 de agosto una marcha de protesta. En los primeros días de ese mes, las escuelas en paro de la UNAM y del Politécnico formaron el Consejo Nacional de Huelga (CNH), que el 4 de agosto dio a conocer un pliego petitorio de seis puntos: libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal sobre el delito de disolución social, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policiacos, indemnización a las víctimas y deslinde de responsabilidades.

Detrás del reclamo puntual había un descontento más amplio con el autoritarismo del régimen priista de Gustavo Díaz Ordaz, en un año de revueltas estudiantiles en París, Praga y Tokio y a pocas semanas de que México inaugurara los Juegos Olímpicos. El movimiento se volvió multitudinario: cientos de miles de personas marcharon al Zócalo el 27 de agosto y más de 250 mil lo hicieron en la Marcha del Silencio del 13 de septiembre. El gobierno, sin embargo, cerró la puerta al diálogo. Díaz Ordaz había advertido en su informe del 1 de septiembre que tomaría las medidas necesarias para restablecer el orden y atribuyó la protesta a fuerzas ajenas al estudiantado. El 18 de septiembre el Ejército ocupó Ciudad Universitaria y detuvo a unos 500 estudiantes; cinco días después tomó el Casco de Santo Tomás y la Vocacional 7 de Tlatelolco.

El 2 de octubre, alrededor de las 17:00 horas, entre cinco mil y quince mil personas, según la fuente, se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas para un mitin que el CNH mantuvo aunque canceló la marcha prevista hacia el Casco de Santo Tomás para evitar enfrentamientos. Los oradores hablaban desde el tercer piso del edificio Chihuahua. La plaza estaba rodeada por soldados y vehículos blindados y, entre la multitud, se habían infiltrado integrantes del Batallón Olimpia: hombres vestidos de civil que se identificaban con un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda y que, según documentos posteriores, incluían a elementos del Estado Mayor Presidencial.

Alrededor de las 18:10 horas, cuando el mitin estaba por concluir, un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó bengalas. Fue la señal: se abrió fuego desde edificios y azoteas mientras el Ejército avanzaba sobre la explanada y hacia el edificio Chihuahua. La multitud corrió sin salida; más de mil personas fueron detenidas y el tiroteo se prolongó durante horas. El gobierno habló de 26 muertos. El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la iniciativa Archivos Abiertos documentaron después 44 víctimas mortales, 34 de ellas con nombre y apellido; una fiscalía especial mexicana contó 32, y otras estimaciones hablan de entre 300 y 400. A 58 años, nadie sabe con exactitud cuántas personas murieron.

Diez días después, el 12 de octubre, el país inauguró los Juegos Olímpicos, bautizados como la “Olimpiada de la Paz”, mientras el gobierno sostenía que los estudiantes habían provocado la violencia. Buena parte de la prensa nacional repitió la versión oficial; una excepción fue el periodista José Alvarado, quien escribió en Excélsior que “había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos”. 

Fuera del país, la historia la contaron los corresponsales llegados para los Juegos: la italiana Oriana Fallaci, baleada tres veces en el edificio Chihuahua y dada por muerta, publicó un testimonio que desmintió la versión del Ejército. El poeta Octavio Paz dejó el 4 de octubre su cargo de embajador en la India en protesta, aunque el trámite formal fue una solicitud de disponibilidad, un matiz que aún se discute. Y documentos desclasificados mostraron que Washington manejaba, apenas horas después, la cifra de cerca de un centenar de muertos, mientras México reportaba 26.

La responsabilidad política recayó desde el principio en la cúpula del régimen. En su informe del 1 de septiembre de 1969, Díaz Ordaz dijo que asumía “íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica” por las decisiones del gobierno en torno a los sucesos del año anterior, sin nombrar de manera directa la matanza. Félix Hernández Gamundi, dirigente del movimiento y hoy integrante del Comité 68, ha calificado ese gesto de acto demagógico de quien se sabía poderoso e impune. Diversas investigaciones identifican una operación coordinada, conocida como Operación Galeana, en la que participaron el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta y el Batallón Olimpia, y señalan como autores intelectuales al propio Díaz Ordaz, a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y al secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán.

La vía penal llegó tarde y se agotó. Durante el gobierno de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que consignó a Echeverría por genocidio. En 2006 fue procesado y puesto bajo arresto domiciliario, pero el 26 de marzo de 2009 un tribunal colegiado ordenó su libertad absoluta al considerar que no se acreditaba su participación; en sus resoluciones, los jueces coincidieron en que las pruebas apuntaban a un solo presunto responsable, Díaz Ordaz, fallecido en 1979. Echeverría, el único expresidente mexicano llevado a juicio, negó siempre haber ordenado la represión y murió el 8 de julio de 2022, a los 100 años, sin pisar la cárcel. En 2018, a medio siglo de los hechos, el organismo de transparencia ordenó abrir al público los archivos del Archivo General de la Nación sobre el movimiento.

El movimiento fue derrotado en las calles, y el CNH se disolvió en diciembre de 1968, pero su marca en la vida pública resultó duradera: la consigna “2 de octubre no se olvida” se volvió una marcha anual, las obras de Elena Poniatowska, Luis González de Alba y Oriana Fallaci moldearon la memoria colectiva, y con los años el 68 se leyó como el origen de una exigencia de libertades que desembocaría en la apertura democrática. Sheinbaum ha hecho de la fecha un acto de gobierno. El 2 de octubre de 2024, un día después de asumir la presidencia, dedicó su primera conferencia matutina a la matanza. “Soy hija del 68”, dijo: su madre, Annie Pardo, era profesora del Politécnico, participó en el movimiento y fue expulsada de la institución, y ella misma, de siete años, visitó a presos políticos en Lecumberri, entre ellos Pablo Gómez. Calificó lo ocurrido como “una de las mayores atrocidades” de la segunda mitad del siglo XX y sostuvo que el movimiento abrió la puerta a la participación política de muchos jóvenes.

Ese día, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado y la presidenta firmó un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reconoce los hechos como crimen de lesa humanidad y compromete la no repetición; “hechos como éste no pueden repetirse”, dijo la funcionaria. Gómez, quien fue detenido en la plaza en 1968 y hoy coordina la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, recordó que los presos políticos del movimiento fueron acusados de provocar la matanza. Los sobrevivientes recibieron el gesto con reservas: Hernández Gamundi lo calificó de “señal verdaderamente esperanzadora”, pero el Comité 68 insistió en que el decreto debe abrir el camino a la justicia, pues varios responsables materiales siguen con vida. En 2025, la conmemoración terminó en enfrentamientos entre el llamado Bloque Negro y policías capitalinos, con periodistas heridos. Este viernes, la marcha volverá a recorrer la ruta de Tlatelolco al Zócalo con la demanda que sostiene desde hace décadas: juicio y castigo a los responsables.