Televisión de trinchera: cuando la denuncia sustituye a la prueba

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- En dos semanas, TV Azteca convirtió a Puebla en su frente de batalla. El 5 de octubre presentó una investigación sobre una granja de bots al servicio del gobernador Alejandro Armenta. El 13 publicó, en una nota de un minuto de lectura, que el mandatario "justifica" no detener a Antonio Valente Martínez Fuentes, "El Toñín". Las dos piezas tienen algo en común: mucho volumen, poca prueba verificable para el público.

La nota del Toñín no aporta un solo dato propio. Reproduce lo que Armenta dijo en su conferencia del 12 de octubre, y le cambia el verbo a "intentó justificar". No hay consulta a la Fiscalía, a la FGR ni a las víctimas de Palmarito. Es una declaración ajena con encabezado de condena.

Con los bots, TV Azteca habla de documentos internos, chats y un plan llamado "Espada TV Azteca". Pero el elemento que convertiría la denuncia en escándalo de Estado -un contrato o un pago con dinero público- no ha aparecido. El gobierno poblano lo exigió y la televisora respondió con más cápsulas, replicadas en sus portales de Yucatán, Veracruz, Jalisco y Baja California, no con el papel.

Hay un contexto que la televisora omite: desde enero, el gobierno de Puebla la acusa de haber pedido contratos por 2 mil 350 millones de pesos y de atacarlo al no obtenerlos. En mayo hubo un procedimiento de embargo por adeudos con el SAT, y Armenta y Ricardo Salinas Pliego llevan meses enfrentados por el Club Puebla. Un medio con ese pleito abierto tiene la obligación de decirlo cada vez que cubre al gobernador. TV Azteca no lo dice.

No es un vicio exclusivo de una empresa. En septiembre, N+ de Televisa aseguró que la senadora con licencia Julieta Ramírez firmó un acuerdo de colaboración con fiscales de EU; exhibió fragmentos, nunca el documento completo, y el Departamento de Justicia no lo ha confirmado. Dos televisoras, el mismo método: la acusación se emite en horario estelar, la prueba queda pendiente.

Nada de esto absuelve a los gobernantes. Las preguntas sobre el Toñín, sobre quién paga las cuentas falsas y sobre el entorno de Julieta Ramírez siguen abiertas, y merecen respuesta. Precisamente por eso necesitan periodismo que muestre sus documentos, declare sus conflictos de interés y no confunda la línea editorial de su dueño con la verdad. Cuando la televisora es parte del pleito, deja de informar sobre la guerra y se vuelve un arma.