Alcaldesa de Acapulco da luz verde a Acamoto; deberá hacerse bajo legalidad

La alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, informó que el Acamoto 2026 arrancará este fin de semana, pese a que previamente había advertido que no se llevaría a cabo por el caos y los accidentes viales registrados en ediciones anteriores.

"Todo mundo puede venir a Acapulco, pero se debe someter a la legalidad", señaló.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Argumedo, advirtió que los motociclistas deberán cumplir con la normativa vigente y, de lo contrario, "deberán asumir sus responsabilidades".

"Todo lo que esté fuera de la ley no se permite y todo el que viole el reglamento no se permite", subrayó.

El pasado 9 de abril, autoridades municipales habían asegurado que no otorgarían permisos para la edición 2026 del Acamoto.

Por su parte, empresarios del Centro Coordinador Empresarial (CCE) han sostenido que el evento no genera beneficios económicos para el puerto y, en cambio, deja "caos y muerte".

En el Congreso local, se aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco para establecer protocolos de prevención que regulen eventos masivos, con el fin de supervisar su organización y reducir riesgos.

El diputado morenista Pablo Amílcar Sandoval consideró que, aunque en el Acamoto 2025 se registraron al menos ocho muertes y entre cinco y 30 lesionados -incluidos menores-, prohibir el evento podría vulnerar el derecho a la movilidad.

"No se puede prohibir la entrada a las y los motociclistas a Acapulco, criminalizándolos sobre la base de un prejuicio que los pretende señalar deliberadamente proclives a la violencia y el desorden público", afirmó.

El CCE aclaró que no busca restringir el libre tránsito de visitantes, sino cancelar la realización del evento sin autorización y en condiciones de riesgo, previsto del 14 al 17 de mayo.

Asimismo, informó que el pasado 20 de marzo solicitó a autoridades de los tres niveles de gobierno declarar el Acamoto 2026 como un evento no autorizado, además de promover reformas legales para sancionar y prevenir riesgos en concentraciones masivas.