Denuncian a fiscal de la FGR por retener seis helicópteros y una aeronave en Veracruz

El fiscal federal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y tres agentes del Ministerio Público fueron denunciados por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, luego de mantener asegurados durante casi ocho meses seis helicópteros, una aeronave, una aeropista y las instalaciones de una empresa de fumigación agrícola.

Omar Pérez Gómez, apoderado legal de Agrogema Agro, S.A. de C.V., presentó las denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la propia FGR.

En las denuncias también aparecen Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público Federal y titular de la Célula II-1 de Investigación en Xalapa, así como Andrea Jahel González Castillo, fiscal en jefe de la FII-II en esa ciudad.

La empresa, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, acusa diversas irregularidades en el aseguramiento de sus bienes y señala que, durante casi ocho meses, la FGR no le reconoció formalmente el carácter de investigada, imputada, víctima o parte ofendida dentro de la carpeta de investigación.

José Jorge Reyes Peralta, abogado de la compañía, informó este martes que la FGR finalmente judicializó el expediente y citó al representante de la empresa para comparecer en libertad el próximo 4 de noviembre ante un juez de control federal con sede en Emiliano Zapata, Veracruz.

De acuerdo con el litigante, la imputación es por el presunto uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, delito previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal y que contempla una pena de entre dos y seis años de prisión.

Reyes Peralta sostuvo que tanto la aeropista como las aeronaves operan legalmente y afirmó que, durante la investigación, la empresa entregó a la autoridad documentación relacionada con los aparatos, sus clientes, estados financieros y mecanismos de cumplimiento normativo.

El abogado destacó que Agrogema Agro presta servicios de fumigación al sector agrícola y que alrededor de 50 familias dependen directamente de las operaciones de la empresa.

“Seguimos deteniendo y luego investigando. Seguimos asegurando bienes y luego investigando”, reprochó Reyes Peralta afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.

La defensa considera que la judicialización del caso bajo el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo desvirtúa la gravedad de los señalamientos formulados inicialmente y sostiene que la investigación no está relacionada con delincuencia organizada.

Mientras la FGR lleva ante un juez el caso relacionado con la aeropista, sus propios funcionarios deberán enfrentar las denuncias promovidas por la empresa ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

El caso abre así dos frentes: por un lado, la imputación penal contra la empresa; por otro, las acusaciones de presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia contra los servidores públicos que participaron en el aseguramiento de sus bienes.

Con información de Reforma.