Detienen a 12 por extorsión a aguacateros, ganaderos y transportistas en Michoacán

Como parte de las acciones implementadas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales detuvieron a 12 personas presuntamente relacionadas con el cobro de cuotas y extorsiones dirigidas a empresarios de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico en Michoacán.

El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), luego de una serie de investigaciones que permitieron ubicar inmuebles presuntamente vinculados con actividades de grupos delictivos.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos de inteligencia permitieron identificar diversos predios utilizados presuntamente por personas encargadas de cobrar y recolectar cuotas a integrantes del sector productivo de la región.

Con la información recabada durante las investigaciones, las autoridades solicitaron y obtuvieron de un Juez de Control 11 órdenes de cateo para intervenir inmuebles localizados en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados mediante un despliegue coordinado en distintos puntos de ambos municipios. Como resultado, fueron detenidas 12 personas y se realizó el aseguramiento de armas, vehículos, presuntas sustancias ilícitas y diversos objetos relacionados con las actividades investigadas.

Entre lo decomisado se encuentran tres armas largas, tres armas cortas, cargadores y cartuchos útiles, además de dos vehículos y una motocicleta. También fueron localizados un inhibidor de señal, equipo táctico, teléfonos celulares, dos equipos de cómputo, básculas grameras y dinero en efectivo.

Durante las diligencias también se aseguraron dosis de narcótico y cajas de cigarros apócrifas, cuyos contenidos y posibles vínculos con otros delitos serán determinados por las autoridades correspondientes.

Tras su detención, las 12 personas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades para preservar los indicios obtenidos durante los cateos.