Doña Carlota sigue en prisión pese a orden de arresto domiciliario; falta de brazalete frena su salida

A más de diez días de que un juez ordenara modificar su medida cautelar, Carlota “N”, adulta mayor acusada de doble homicidio y tentativa de homicidio, continúa recluida en el penal estatal de Chalco debido a que no se le ha colocado el brazalete electrónico necesario para cumplir prisión domiciliaria.

El cambio de medida fue determinado el pasado 17 de marzo de 2026 durante una audiencia de revisión dentro de la causa penal 320/2025, derivada del juicio de amparo 2063/2025. En esa sesión, una jueza federal otorgó la protección de la justicia a la imputada, lo que permitió sustituir la prisión preventiva oficiosa por arresto domiciliario, con condiciones específicas.

Sin embargo, el dispositivo de monitoreo, indispensable para ejecutar la medida, no ha sido instalado por el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA), lo que mantiene suspendida su salida del penal.

Arturo Santana Alfaro, hijo de la procesada, denunció que la familia ya cumplió con todos los requisitos impuestos por la autoridad judicial, incluido el pago de una garantía económica de 250 mil pesos realizado el 19 de marzo, así como la entrega de documentación que acredita que la imputada no cuenta con pasaporte vigente. Además, autoridades ya realizaron la verificación del domicilio donde cumpliría la medida y pruebas técnicas de comunicación.

“Ya realizamos todos los trámites que el juez determinó”, señaló Santana en un comunicado, en el que también cuestionó la falta de explicación por parte de las autoridades sobre el retraso.

El caso se remonta al 1 de abril de 2025, cuando se registró una balacera en el exterior de una vivienda en la comunidad de La Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco. De acuerdo con las investigaciones, Carlota “N” y dos de sus hijos habrían disparado contra dos hombres y un menor de edad; dos de las víctimas murieron por impactos de arma de fuego.

La Fiscalía del Estado de México estableció posteriormente que las víctimas ocupaban un inmueble cuya propiedad legal corresponde a Mariana “N”, hija de la imputada, quien también enfrenta proceso penal por estos hechos.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para la colocación del dispositivo ni una explicación oficial sobre el retraso, lo que mantiene en incertidumbre el cumplimiento de la medida cautelar.