Exfuncionarias de Guerrero declaran contra Ángel Aguirre por presunto ocultamiento de videos de Ayotzinapa

Dos ex funcionarias de Guerrero, ambas adultas mayores, serían las “personas colaboradoras” que declararon contra el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, detenido ayer por su presunta responsabilidad en el ocultamiento o destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de ellas es Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, quien la semana pasada obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria dentro del proceso en el que se le acusa de haber colaborado en la desaparición de lángos videos captados por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

La otra testigo sería Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia del estado, detenida en marzo pasado tras un cateo en su departamento, donde fueron asegurados cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas con medicamentos controlados. Dicha diligencia formó parte de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Las fuentes consultadas señalaron que ambas ex funcionarias habrían llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un criterio de oportunidad, dentro de una carpeta de investigación distinta a la que originó sus detenciones.

Galeana Marín, de 81 años, permanecía recluida desde mayo de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. La semana pasada fue trasladada a su domicilio en Chilpancingo para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

Estrada Ortega, de 73 años, fue detenida junto con Margarita Anguiano Castro, de 83 años. Ambas fueron vinculadas a proceso por la posesión de cartuchos y armas. Aunque sus defensas argumentaron problemas de salud, una jueza rechazó concederles prisión domiciliaria y ordenó su traslado al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan.

La FGR realizó el cateo al departamento de Estrada Ortega, ubicado en la colonia Jardín Balbuena, luego de obtener un testimonio que la relacionaba con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos correspondientes a las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.

Dichas grabaciones presuntamente habrían registrado el momento en que uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas fue interceptado por policías locales la noche de los hechos.

Ángel Aguirre Rivero tendrá este viernes su primera audiencia ante un juez federal por las nuevas acusaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. Durante la diligencia, la FGR deberá presentar formalmente los hechos y datos con los que busca procesar al ex Gobernador de Guerrero.

La audiencia inicial estaba programada preliminarmente para las 10:00 horas y sería el primer encuentro de Aguirre con un juez de control después de su captura y traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la agenda del Centro de Justicia, a esa hora está prevista una audiencia inicial correspondiente a la causa penal 291/2026, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente si se trata del caso contra Aguirre.

Tampoco se ha informado si la diligencia será pública o privada.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público Federal deberá formular la imputación, es decir, explicar al ex mandatario qué hechos concretos le atribuye, cuándo y cómo habrían ocurrido, la clasificación jurídica preliminar de los delitos y el tipo de participación que presuntamente habría tenido.

La audiencia inicial representa el comienzo formal del proceso penal. Puede desarrollarse en una o más sesiones, dependiendo de la decisión del acusado respecto al plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Tras conocer la imputación, Aguirre podrá declarar o reservarse ese derecho. Su defensa también podrá solicitar aclaraciones sobre los señalamientos realizados por la Fiscalía.

Posteriormente, la FGR solicitará, en su caso, la vinculación a proceso y deberá presentar los datos de prueba con los que pretende acreditar, en esta etapa inicial, que ocurrió un hecho delictivo y que existe una probabilidad de participación del ex Gobernador.

La defensa tendrá la oportunidad de responder a los argumentos del Ministerio Público y presentar los elementos que considere necesarios.

Sin embargo, la situación jurídica de Aguirre no necesariamente quedará definida este viernes. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite al imputado solicitar que la resolución se emita dentro de un plazo de 72 horas o pedir la ampliación del término hasta 144 horas.

Si la defensa solicita dicha ampliación, el juez deberá convocar a una nueva audiencia para determinar si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso.

Mientras transcurre ese plazo, también deberá resolverse la solicitud de medidas cautelares que presente la Fiscalía, entre ellas la posibilidad de prisión preventiva.

En caso de que el juez determine que existen elementos suficientes, establecerá los hechos por los que Aguirre continuará sujeto a proceso y fijará un periodo para la investigación complementaria.

Si considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía son insuficientes, podrá dictar un auto de no vinculación a proceso, sin que ello impida que el Ministerio Público continúe con las investigaciones y, bajo determinadas condiciones legales, pueda ejercer nuevamente una acción penal.

Con información de Reforma.