Gobierno de Sinaloa solicita pensión de 67 mil pesos para exmando acusado en EU de nexos con el Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa solicitó al Congreso local autorizar una pensión por retiro anticipado para Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policiaco señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntamente brindar protección a "Los Chapitos".

La iniciativa fue enviada por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien pidió a los diputados aprobar el beneficio para el exfuncionario adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Se le otorgue el derecho de pensión por retiro anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias", señala el documento.

La propuesta establece que Contreras Núñez reciba una pensión mensual de 67 mil 477.75 pesos.

Asimismo, el proyecto plantea modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 2026, con el fin de contemplar los recursos necesarios para cubrir dicho pago.

Contreras Núñez es requerido por la justicia estadounidense debido a que presuntamente recibió pagos mensuales de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Además, se le acusa de ordenar la liberación de integrantes de "Los Chapitos".

En 2022 se desempeñó como inspector general de Combate al Secuestro y, de noviembre de 2022 a febrero de 2026, ocupó el cargo de comisario de la corporación.

Entre los delitos que le atribuyen autoridades de Estados Unidos se encuentran conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Cabe recordar que en abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

De acuerdo con la acusación, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados —funcionarios en activo y retirados— enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.

Con información de Reforma.