Guanajuato creará su Registro Público de Personas Agresoras Sexuales
La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó un dictamen para reformar el Código Penal estatal con el objetivo de crear elRegistro Público de…
La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó un dictamen para reformar el Código Penal estatal con el objetivo de crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La iniciativa, impulsada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, también contempla modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que sería la encargada de administrar y operar este registro.
El nuevo padrón concentrará información de personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. La propuesta fue enviada al Congreso en septiembre de 2025.
Como parte del análisis, la comisión llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se discutió otra iniciativa orientada a tipificar el delito de reclutamiento y utilización forzada de menores por parte de la delincuencia organizada. En este espacio participaron representantes de la Fiscalía estatal, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica.
En paralelo, los grupos parlamentarios del PAN y Morena presentaron propuestas para establecer este nuevo tipo penal, el cual podría castigarse hasta con 25 años de prisión.
El 13 de noviembre de 2025, legisladores del PAN plantearon reformar y adicionar disposiciones al Código Penal para sancionar el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas. La propuesta incluye la creación del artículo 239 Bis, que establece penas de seis a 15 años de prisión y multas de 500 a 5 mil días a quien “por cualquier medio obligue, emplee, facilite o induzca a una persona menor de dieciocho años a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito”.
Posteriormente, el 20 de noviembre, diputados de Morena propusieron modificar el delito de trata de personas para endurecer las sanciones cuando las víctimas sean menores y se les obligue a participar en actividades ilícitas, aumentando la penalidad de dos tercios del mínimo hasta dos tercios del máximo.
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