Operación Escudo: Monterrey reserva contrato de cancelación con la polémica Next Energy
Mientras laFiscalía General de la República (FGR)escala sus investigaciones sobre elcaso Next Energy, el Municipio de Monterrey ha decidido clasificar…
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) escala sus investigaciones sobre el caso Next Energy, el Municipio de Monterrey ha decidido clasificar como reservada toda la información pública relacionada con este polémico proyecto.
Este hermetismo rodea a un escándalo de más de 7 mil millones de pesos que compromete directamente al alcalde priista Adrián de la Garza, aspirante a la gubernatura de Nuevo León.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información que requería conocer las condiciones de la cancelación del contrato con Next Energy, el Municipio de Monterrey determinó clasificar el expediente como reservado por un periodo de cinco años.
¿La justificación oficial?
El área jurídica regia argumentó la existencia de investigaciones penales en curso para negar los detalles del finiquito, una decisión que atenta de forma directa contra el principio constitucional de máxima publicidad.
“La información peticionada es clasificada como reservada... toda vez que el documento solicitado tiene relación directa con el contrato de prestación de servicio de número TES-217-2020 y con motivo de dicho contrato esta unidad Administrativa promovió una denuncia penal, la cual sigue en trámite, es decir no ha causado estado”, señala la respuesta firmada por el director de transparencia de la Contraloría municipal, Sergio Mares.
Según el argumento municipal, dar a conocer información de este expediente, podría afectar el trámite de la carpeta de investigación.
“Por lo tanto no puede ser publicado ni otorgado mediante solicitud de información, ya que esto vulneraría la conducción de respectivo expediente, pues al divulgar información vinculada a una carpeta de investigación que no ha concluido causaría mayor perjuicio que beneficio en cuanto al interés público en general”.
NEXT ENERGY: EL CASO QUE ELECTRIFICÓ LA POLÍTICA REGIA
El polémico caso Next Energy se ha convertido en un escándalo que hasta el momento ha llevado a su socio principal, Eugenio Maiz Domene, a la cárcel.
El empresario regiomontano está detenido en Aguascalientes desde diciembre pasado acusado de fraude por incumplir con el contrato para suministrar energía limpia al municipio cuando era alcaldesa la hoy gobernadora Tere Jiménez.
En Monterrey, el caso se originó en el 2020 cuando la administración municipal de Monterrey encabezada en ese entonces también por Adrián de la Garza otorgó a su empresa un contrato de más de 7 mil 370 millones de pesos a 30 años.
El contrato fue otorgado al consorcio integrado por Next Energy, Constructora Maiz Mier y Eólica Santa Catarina. El proyecto prometía el suministro de energía limpia respaldado mediante la afectación del impuesto predial. Sin embargo, la planta solar jamás se construyó.
La empresa no obtuvo los permisos ante las autoridades ambientales ni reguladoras como la Comisión Reguladora de Energía, lo que derivó en las primeras controversias.
Durante la administración municipal de Luis Donaldo Colosio Riojas, en lugar de rescindir el contrato, se firmó un "Convenio de Modificación" para reestructurar el proyecto.
En lugar de un parque solar centralizado, se planteó instalar más de 1,300 microplantas/paneles solares descentralizados en predios municipales.
Tras años de controversias financieras, incumplimientos y denuncias penales promovidas por el propio Municipio, la administración municipal canceló en el 2026 el contrato.
Sin embargo, reservó toda la información de los expedientes amparándose en el "debido proceso".
Hace una semana, trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a 5 exfuncionarios del Municipio de Aguascalientes involucrados en la contratación de la empresa Next Energy.
En Nuevo León, hace dos meses, la dirigencia estatal de Morena en Nuevo León, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México contra el alcalde Adrián de la Garza.
La acusación sostiene que, durante la asignación del contrato en 2020, quien fungía como contralora municipal (Jovita Morín) figuraba presuntamente como socia o persona vinculada a Next Energy, lo que supone el delito de ejercicio abusivo de funciones al beneficiar a particulares con dinero de participaciones o fondos de origen federal.
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