Presos mandan en Puente Grande: cobran visitas, rentan celulares y fijan sus reglas

Cerveza en 200 pesos, visitas conyugales en 2 mil pesos y renta de teléfonos celulares por hasta 15 mil pesos mensuales son algunos de los cobros que, según testimonios, operan dentro del penal de Puente Grande.

El centro penitenciario depende de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres), encabezada por José Antonio López Zaragoza, organismo adscrito al Gobierno de Jalisco, que encabeza el Gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

Una visitante del penal relató a REFORMA que las llamadas “caguamas” de cerveza se comercializan en 200 pesos dentro del reclusorio. Además, aseguró que existe un cobro de 2 mil pesos por las visitas conyugales.

También señaló que algunos internos tienen acceso a teléfonos celulares mediante pagos de hasta 15 mil pesos, bajo un esquema de renta sin un periodo definido. Sin embargo, este servicio no está disponible para toda la población penitenciaria.

“Las personas del autogobierno traían celulares. De armas no me fijé bien porque evitaba voltear hacia allá; me sentía incómoda, pero por lo poco que pude ver, son personas que entran desde la calle para proteger a quienes están adentro o realizar ciertos trabajos”, relató.

La visitante afirmó que un interno le comentó que, días antes, integrantes del grupo que mantiene el control interno del penal habían asesinado a una persona dentro del centro.

“Durante sus visitas ha observado que el autogobierno coloca a internos para escuchar qué hablan otros reclusos con sus familiares”, explicó.

“Ahí no manda la autoridad; mandan los de ‘la plaza’”, añadió.

La entrevistada también describió la existencia de vendedores vinculados con esta organización, quienes controlan la distribución de productos dentro del penal.

A los cobros anteriores se suman cuotas menores, como el pago de 5 pesos por utilizar las regaderas, según testimonios de personas privadas de la libertad.

“Los de ‘la plaza’ son quienes ponen a personas a vender productos dentro del penal, como tejuino, chocolates, hielitos y algodones de azúcar”, comentó.

El caso de Puente Grande, de acuerdo con especialistas, refleja un problema más amplio de descontrol en los centros penitenciarios estatales.

El penitenciarista José Luis Mussi señaló que en alrededor del 90 por ciento de los 261 penales estatales existe algún tipo de cogobierno de internos, lo que les permite imponer cuotas, controlar la venta de mercancías lícitas e ilícitas y establecer reglas al margen de las autoridades.

Mussi, quien fue titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sistema penitenciario, atribuyó esta situación a factores como la corrupción, la sobrepoblación, la deficiente clasificación criminológica de los internos, la falta de preparación de directivos y la escasez de custodios.

Explicó que el control de los penales por parte de los internos suele comenzar con la designación de directores sin la preparación necesaria para administrar centros de alta complejidad.

“Un Gobernador gana una elección y dice: ‘¿Qué hacemos con fulano que nos ayudó en la campaña?’. Bueno, pues es abogado, que se vaya a un penal para que haga su lana”, afirmó.